Buenos Aires., Organismos de derechos humanos, abogados, organizaciones sociales y familiares exigieron al gobierno ultraderechista de Argentina la liberación de los detenidos durante “la salvaje represión de cinco fuerzas de seguridad, contra manifestantes que expresaban su rechazo a la ley de bases”, que debía votar el Senado esta semana.

Al cierre de esta edición, 17 de 33 personas detenidas el miércoles, fueron puestas en libertad.

Marchaban de manera pacífica cuando fueron atacados con gas pimienta, camiones hidrantes y balas de goma, dejando una cifra de más de 200 heridos, entre ellos cinco diputados de la oposición, quienes terminaron con quemaduras en el rostro y fueron internados en distintos hospitales.

Por su parte, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, familiares de Desaparecidos, Asamblea Permanente y Liga Argentina por los Derechos Humanos, así como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros, repudiaron que “el gobierno de (Javier) Milei y Victoria Villarruel llame a los detenidos ‘terroristas’”, y exigen que se elimine la acusación sin sustento alguno de graves delitos penales, por parte del Poder Judicial.

Destacaron, además, que el pueblo reclama de manera legítima en defensa de sus derechos y demandaron no criminalizar la protesta ni estigmatizar a los activistas. Ayer, todos los grupos de defensoría social referidos se reunieron en el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), donde los abogados informaron que los detenidos fueron golpeados, maltratados, humillados, incluyendo las mujeres, entre ellas jóvenes estudiantes.

Se denunció la aparición de grupos infiltrados en nuestras filas que hicieron destrozos para que se desatara la represión, aunque recordaron que todo está grabado y hay varios organismos que documentan el despliegue y la acción de las fuerzas de seguridad desde que se impuso el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.

En la concentración, manifestaron que la ministra repitió el esquema de provocación que usó cuando ocupaba ese cargo en el gobierno del derechista Mauricio Macri (2015-2019), por el cual se abrieron causas penales en su contra que, sin embargo, quedaron sin acción en los juzgados, por la complicidad del llamado Partido judicial.

En este marco, antes de partir a Italia, el presidente en un mensaje en redes sociales expuso que la movilización reprimida era un acto de golpe de Estado, y llamó terroristas a los manifestantes, dichos con los que coincidió Bullrich.

Construyen delitos

Myriam Bregman, abogada y diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda Unidad, aseguró que no existe ningún golpe ni organizaciones terroristas y que se construyó una imputación para justificar detenciones arbitrarias de presuntos sediciosos, y fueron consignados ante la Justicia Federal.

Destacó el alineamiento del representante del agente del Ministerio Público, el fiscal Carlos Stornelli, con la ministra de Seguridad, que pidió centrar la pesquisa en un probable delito de sedición y que las protestas fueron parte de una nueva modalidad de golpe de Estado. Stornelli dictaminó con base en delitos inexistentes, como intimidación pública, organización de delitos contra los poderes públicos y perturbación del orden.

En el pasado, el fiscal también acompañó al juez Claudio Bonadio, ahora fallecido, quien armaba causas falsas sin pruebas para perseguir a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gobierno.

Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), sostuvo que esto “estaba claramente planificado: la semana pasada, el Ministerio de Seguridad modificó una resolución para que el Poder Ejecutivo pueda calificar de ‘terrorista’ a quien quiera. Después, publicaron un mensaje en redes sociales hablando de golpismo y terrorismo y, a las pocas horas, consiguieron un fiscal adepto”.

Sostuvo que Stornelli materializa esas intenciones en la justicia. Es gravísimo el uso del terror o del miedo al señalamiento del Estado como herramienta política. Destacó que se está construyendo una institucionalidad paralela a la del estado de derecho

El CELS asegura que, por conducto de Stornelli, se persigue herir la protesta social.

La información sobre la represión y las detenciones masivas se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante las relatorías de la Organización de Naciones Unidas, las cuales mantienen observación sobre el derecho a la protesta y la libertad de expresión.

Condena por la explosión del edificio de la mutual

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) condenó al Estado argentino por el atentado del 18 de julio de 1994 contra la Asociación Mutual Israelí-Argentina (AMIA), y lo responsabilizó por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el ataque, y por no investigar con diligencia a fin de establecer la verdad de lo que ocurrió, identificar a los responsables, e implementar las necesarias medidas de reparación, entre otras demandas.

La condena de la Coridh era esperada desde la época de Néstor Kirchner, cuando el Estado argentino admitió los cargos relacionados, que no correspondían a su administración, pero reconoció el sembrado de pistas falsas en la pesquisa a lo largo de la década de los años 90.

También la Coridh remarcó que hubo una visible negligencia ante las acciones de la AMIA y de la Delegación de Asociaciones Israelitas-Argentina, que continuaron respaldando la investigación oficial, pese a las irregularidades judiciales que salieron a la luz, publicó el periódico argentino Página /12.