La Asamblea de Ecuador negó ayer la autorización solicitada por la sala penal de la Corte Nacional de Justicia para enjuiciar a la vicepresidenta Verónica Abad, a quien la fiscalía pidió vincular en una investigación por el delito de concusión, en un caso que involucra a su hijo.

De los 133 legisladores presentes en la sesión 75 rechazaron el juicio penal.

La fiscalía, supuestamente, encontró indicios de que Abad habría participado en una solicitud de diezmos (pagos por ofrecer cargos en el Estado y cobrar una parte de los sueldos a los beneficiados de esos cargos) a un funcionario de la Vicepresidencia. Este caso se inició con la acusación y luego detención de Sebastián Barreiro y Daniel Redrován, hijo y asesor de Abad, respectivamente.

El delito de concusión sanciona a los servidores públicos que, abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas.

La justicia debe determinar si la vicepresidenta cometió una irregularidad, dijo el gobierno en un comunicado. Antes, tanto el presidente Daniel Noboa como sus ministros declararon que sería muy peligroso encargarle la Presidencia a Abad, pues consideran que está en contra de las políticas del gobierno, luego de que la vicemandataria apuntó que el programa con el que Noboa llegó al poder no se aplica y se ha engañado a los votantes.

Para buscar la relección, Noboa tiene la obligación constitucional de encargarle el poder a la vicepre-sidenta, al menos por 40 días. La re-lación entre Noboa y Abad se fracturó desde la campaña electoral. El presidente la tildó de desleal.

Abad ahora ejerce su cargo desde Tel Aviv, donde fue enviada como delegada para la paz en el conflicto entre Palestina e Israel, medida que fue vista como un destierro para sacarla de toda acción política en Ecuador.

El asambleísta Leonardo Barrezueta, del movimiento de oposición Revolución Ciudadana, afín al ex presidente Rafael Correa, manifestó que no se prestarán para una jugarreta del gobierno, al que pidió hacerse cargo de su problema, en alusión a la disputa con Abad, a quien él seleccionó como su binomio, dijo.

Al no prosperar la solicitud para el procesamiento penal de Abad, queda la opción de un juicio político en la Asamblea.

El delito de concusión es una de las tres causales para enjuiciar políticamente al presidente o vicepresidente en Ecuador, según el artículo 129 de la Constitución.

Para ello, el Legislativo necesitará de un dictamen de la Corte Constitucional, a fin de determinar si es procedente el proceso.