Luego del desalojo de más de 400 personas migrantes de la plaza Giordano Bruno la noche del miércoles, el Instituto Nacional de Migración (INM) reveló que un dirigente territorial les cobraba entre 200 y hasta 600 pesos para permitirles refugiarse en ese céntrico sitio.

Tras una instrucción dada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, donde se le preguntó sobre el tema, la dependencia encargada de la política migratoria aclaró hasta ayer a la una de la tarde –16 horas después de iniciado el operativo– las condiciones en que éste se realizó.

En una tarjeta informativa, el INM indicó que durante el operativo, que tuvo el apoyo de la Guardia Nacional, se entabló comunicación directa con 432 personas –donde había decenas de grupos familiares, incluidos niños pequeños– que se encontraban en el campamento instalado en la colonia Juárez.

Se realizaron labores de convencimiento para trasladar a los extranjeros, la mayoría venezolanos y haitianos, a estaciones migratorias y albergues, con el objeto de atender sus necesidades, así como para regularizar su situación migratoria.

Fuentes federales informaron que 83 de ellos aceptaron de manera voluntaria ser conducidos a estaciones migratorias, donde permanecerán “hasta ver cómo evolucionan (sus casos). Lo fundamental era garantizarles un espacio tranquilo y digno. Agregaron que donde proceda, se les acompañará en la regularización de su situación migratoria.

En la tarjeta informativa, el INM añadió que otros 99 extranjeros pidieron recibir el carnet de visitante por razones humanitarias que les permite por un año el libre tránsito por el país y el resto se dispersó debido a que contaban con documentos migratorios que acreditaban su condición regular en el país.

En decenas de testimonios documentados por este diario durante el desalojo, las personas migrantes confesaron tener miedo debido a que no nos dieron información suficiente de adónde serían conducidos o qué sucedería con ellos.

El instituto, dependiente de la Secretaría de Gobernación, también denunció: Las personas extranjeras refirieron que pagaban una cuota a un dirigente territorial para tener un lugar en el campamento, que oscilaba entre 200 y 600 pesos.

Consultadas respecto a si procedería una demanda, las fuentes federales señalaron a este diario que esas presuntas extorsiones son información nueva y se analiza cómo atenderse. Añadieron que, de entrada, se piensa que correspondería a los migrantes presentar las denuncias correspondientes y la Federación los acompañaría en el proceso.

De acuerdo con los testimonios obtenidos, dijeron, el cobro de esa cuota era indistinto, dependiendo de la peculiaridad de cada caso.