Buenos Aires. Argentina iniciará un periodo de revisión a los subsidios que paga el Estado en gas y electricidad con el objetivo de alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas, informó ayer el gobierno, que pretende reducir sus gastos.

En medio de una prolongada crisis económica, el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece un periodo de transición desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre, con posibilidad de extenderlo por seis meses más, para revisar los subsidios.

El objetivo es trasladar a los usuarios los costos reales de la energía, promover la eficiencia energética y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica y gas por redes, informó el gobierno en la norma publicada en el Boletín Oficial.

En el periodo de transición, el gobierno realizará un cruce de información e impulsará el rempadronamiento y la actualización del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) para asegurar que los consumidores estén en el segmento correspondiente según su nivel de ingresos.

La política de mantener un esquema de subsidios generalizados y crecientes en el tiempo, implementada a través de los aportes del Tesoro Nacional, resulta incompatible con la situación financiera por la que atraviesan las cuentas públicas, explicó el decreto.

Eliminar el déficit fiscal

Argentina ha mantenido por años servicios públicos con bajos precios, que se subsidiaban a través de pagos del Estado Nacional.

Milei, un economista libertario que asumió la presidencia en diciembre, dijo durante la campaña presidencial que iba a poner en revisión la política de subsidios con el fin de alcanzar su objetivo de eliminar el déficit fiscal que, según explicó, es la principal causa de la alta tasa de inflación que sufre el país.

Según los considerandos del decreto, el gasto promedio del Estado en subsidios superó 5 mil millones de dólares por año en dos décadas.

Los economistas y analistas energéticos, en general, coinciden en que el país, que tiene la segunda mayor reserva de gas de esquisto del mundo y la cuarta de petróleo en la enorme formación Vaca Muerta, necesita recortar los subsidios que en 2022 representaban cerca de 2 por ciento del PIB.

Los residentes de mayores ingresos pagan 80 por ciento del costo. El resto de la población pagaba 15 por ciento y los sectores más vulnerables 10 por ciento.