l 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ofreció un retrato de la política que la llamada 4T ha definido. El titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en la conferencia mañanera mostró las estadísticas de los apoyos que a través de 17 programas han beneficiado a la población indígena y afromexicana por 339 mil millones de pesos. En suma, la reiteración del enfoque en los beneficiarios individuales de los diversos programas sociales: los indígenas sin sus pueblos. Sin embargo, se incluyó una referencia al plan de justicia yaqui en curso y mencionó otros en proceso, que anunciarían una reconsideración para asumir a los pueblos y a sus derechos colectivos... Ese día se organizó un evento interinstitucional y el titular del INPI reconoció, a su manera, la contradicción oficial. Refirió a la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y señaló que el artículo 3 establece textualmente que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y, en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Aquí el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador pone en práctica el principio fundamental que dicta que, por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes, los más excluidos, en especial nuestros pueblos y comunidades indígenas.

En marcado contraste, coloquemos la mira en los pueblos indígenas que están defendiendo sus territorios, utilizando los derechos que han logrado. El componente central de la resistencia indígena es la organización para la defensa de sus territorios, y el uso del derecho tiene sentido sólo en ese contexto. En esa línea, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas difundió en 2018 el informe sobre su visita a México. Un párrafo lo dice todo: Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos (extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, por ejemplo) constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos.

Al respecto, Chuun T’aan, maya de Yucatán opositor al llamado Tren Maya, dijo que “los mayas no somos solamente campesinos o yucatecos, o pobres que necesitan empleos. Somos en primer lugar un pueblo originario, que tenemos derecho a tomar las decisiones en nuestro territorio, que queremos decidir nuestro propio futuro. Ha habido ya demasiado abuso contra nuestros pueblos y una gran devastación contra la Madre Tierra (1/6/20).

Seis relatores de procedimientos especiales de derechos humanos enviaron al Estado mexicano, a través de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un documento con graves preocupaciones en torno al Tren Maya en materias de territorios, desalojo y derechos a la salud; el efecto negativo en el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales; consulta sin estándares internacionales; estudios de impacto ambiental irregulares y, por posible hostigamiento, criminalización, difamación contra personas defensoras de derechos humanos, así como la posible militarización de la zona (21 de septiembre. Comunicación Al Mex 11/2020).

El 20 de noviembre de 2020 se entregó la respuesta de México (OGEO4560). En ella reiteró posturas como la defensa del proceso de consulta y su innovación consistente en que seguirán consultas específicas, así como las comisiones de seguimiento acordadas cuando se aprobó el tren. A la vez reafirmó, que a partir de las facultades del Estado en materia de expropiación por causa de utilidad pública, en el caso de los desalojos se buscará negociación, pero de no resultar se impone la indemnización. Este proceso de la ONU quedó ­inconcluso.

Este proyecto entraña varios, por lo pronto hoy estamos en el punto en que se organizó una oposición integrada por artistas y ambientalistas que tramitaron amparos con resultados hoy anulados, mientras existe otra muy fundada de académicos auténticos que muestran el gran riesgo de la destrucción de ecosistemas, en especial en su tramo 5, y también ha sido desautorizada. Por lo pronto, habría que preocuparnos de que el sujeto histórico, el pueblo maya, en los hechos, está siendo desplazado. El vínculo de los pueblos con la naturaleza no aparece claro. El pueblo maya dominante no cuenta con territorios continuos, no está articulado, menos aún las autoridades ejidales que se rigen en algunos casos por la lógica del mercado de tierras. Su desventaja ante el activismo de cooptación oficial es evidente. No la profundicemos. Dejo aquí dos espejos que requieren una mirada crítica.