n referencia a los hechos violentos perpetrados el pasado fin de semana por grupos de la delincuencia organizada en el norte del país, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negó que se trate de acciones terroristas en contra de la población y afirmó que más bien son estrategias propagandísticas
de tales grupos. El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, coincidió con esa apreciación y agregó que tales actos ocurren en el contexto de confrontaciones entre cárteles con presencia regional.
Tales aclaraciones resultan pertinentes y necesarias por cuanto diversos sectores de México y del extranjero –especialmente del gobierno de Estados Unidos– suelen referirse con extremada ligereza a los delitos perpetrados en el territorio nacional por grupos criminales como terroristas
e incluso narcoterroristas, expresiones que tienen connotación desmesurada y fuera de lugar. Independientemente de calificaciones morales, es necesario recordar que el terrorismo es un recurso empleado por corrientes y organizaciones con motivaciones ideológicas específicas.
El término se acuñó originalmente para designar atentados perpetrados por grupos anarquistas –o por anarquistas aislados– en la Europa de finales del siglo XIX y principios del XX. En épocas posteriores, el adjetivo se aplicó a acciones violentas realizadas al calor de las más diversas causas: movimientos independentistas, separatistas y nacionalistas, agrupaciones de extrema izquierda y de extrema derecha, organizaciones judías que pugnaban por el establecimiento de Israel en el protectorado británico de Palestina e incluso en algún momento llegó a ser practicado por el Congreso Nacional Africano, el partido al que perteneció Nelson Mandela, en la lucha contra el apartheid sudafricano.
En Estados Unidos el terrorismo de los supremacistas y de los racistas estuvo durante décadas entre las principales amenazas a la seguridad pública, hasta que, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el entonces presidente George W. Bush proclamó el ini-cio de una guerra contra el terrorismo global
de matriz fundamentalista, una estrategia que se tradujo en una trágica disminución de los derechos y libertades ciudadanas y en masivas violaciones a los derechos humanos en diversos países de Europa, Asia, África y también, por supuesto, en el propio territorio estadunidense.
El Departamento de Estado elaboró una lista perfectamente arbitraria y cargada de fobias ideológicas de países que fomentan el terrorismo
, lista que, si se revisan los asesinatos, atentados y bombardeos perpetrados por sucesivos ocupantes de la Casa Blanca en muchas latitudes, debiera incluir al propio Washington. A diferencia de las organizaciones y causas enumeradas, a los cárteles mexicanos no los mueve una definición política o ideológica y no pugnan por un proyecto de sociedad sino, simplemente, por neutralizar a sus adversarios y por hacerse con el máximo margen posible de ganancias.
Colgarles el mote de terroristas
no sólo significaría otorgarles un reconocimiento a todas luces disparatado e indeseable, sino que implicaría reformular la estrategia de seguridad en curso para hacer frente a una amenaza de primer orden a la seguridad nacional, lo que llevaría, eso sí, al recorte de las garantías individuales y las libertades; llevaría, en suma, a volver a los postulados del calderonato cuya aplicación desencadenó la violencia delictiva que sigue padeciendo el país, y a una militarización como la que padeció Colombia durante sucesivos gobiernos oligárquicos.
En México, por fortuna, y a pesar de las aparatosas acciones criminales que aún es capaz de desplegar la delincuencia organizada, no hay terrorismo.
