Santiago. Los gobiernos de Chile y Argentina protagonizan una escalada diplomática por los límites y soberanía en la plataforma continental austral, en aguas de Cabo de Hornos y Mar de Drake, con los cancilleres de ambos países cruzado punzantes afirmaciones, pero cuidándose de recalcar que el diálogo es el único camino posible para resolver el diferendo.

La controversia estalló luego de que el gobierno chileno publicó, el viernes 27 de agosto, un decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores que determina las áreas jurisdiccionales marítimas nacionales desde Punta Puga a Islas Diego Ramírez, precisando el límite de 200 millas marinas en las aguas australes y hacia el este del meridiano del Cabo de Hornos, atribuyéndose una zona reclamada por Argentina.

La cancillería trasandina reaccionó al instante acusando a Chile de “pretender apropiarse de parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad".

A ello contestó el canciller Andrés Allamand, asegurando que “Chile no concuerda con la cancillería argentina en que la actualización pretenda apropiarse, nadie se apropia de lo que le pertenece. La zona señalada, la plataforma continental jurídica que llega hasta las 200 millas, le pertenece a Chile en pleno derecho desde el principio, simplemente porque tenemos la calidad de estado ribereño.

Su par Felipe Solá replicó afirmando que lo pretendido en la cartografía chilena viola el Tratado de Paz y Amistad que ambos países firmaron en 1984 y que Chile tiene una vocación expansiva que la Argentina rechaza, agregando que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo con la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional.Allamand vino de vuelta, rechazó lo de la vocación expansiva y aseguró que Chile favorece un diálogo razonado y constructivo con la República Argentina y le parece inoficioso entrar en mayor debate público.

La disputa tiene su origen en decisiones argentinas que datan de 2009, cuando presentó su propia nueva cartografía de la plataforma continental extendida, superponiéndose con la declarada por Chile en un área al sureste del límite establecido en el Tratado de 1984. Chile protestó que tal reclamación era inoponible, es decir, que no puede afectar sus derechos soberanos en la zona.

Según cálculos publicados en medios chilenos, el área de la plataforma extendida reclamada por Argentina se superpone en 5.302 kilómetros cuadrados con la plataforma jurídica chilena, que cubre un área de 25.383 kilómetros cuadrados.

Tanto las aspiraciones argentinas como chilenas se sustentan en que la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar (Convemar), otorga a los estados ribereños –condición que ambos países tienen– un mar territorial (12 millas), una zona contigua (12 millas) y una zona económica exclusiva que, en conjunto, suman 200 millas marinas. Esta puede expandirse a 350 millas si comprueban que la plataforma continental geomorfológica está extendida.

En 1978 ambos países estuvieron a horas de ir a la guerra por la disputa de tres islas (Lennox, Nueva y Picton) al sur del Canal Beagle, estratégica zona ubicada entre los océanos Atlántico y Pacífico. Sólo la mediación del Papa Juan Pablo II evitó la matanza y en 1984, como resultado de esa gestión, ambos países firmaron el Tratado de Paz y Amistad, que otorgó a Chile la propiedad de las islas y a los dos países derechos de navegación por el Beagle.

Obviamente, están en juego las proyecciones y pretensiones estratégicas de ambos países hacia la Antártida.

La escalada diplomática coincide con que en ambos países se viven trascendentales procesos electorales y no ha faltado el analista que ve ánimos o intenciones chovinistas en el entuerto.

En Chile, el 21 de noviembre habrá elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, en las cuales la derecha chilena capitaneada por Sebastián Piñera se juega su suerte, con el precedente de aplastantes derrotas en las elecciones de constituyentes (37 de 155) y de gobernadores (uno de 16), ambas en mayo pasado.

Argentina tendrá elecciones primarias de candidatos a parlamentarios el 12 de septiembre y legislativas el 14 de noviembre de 2021, a mitad del periodo del presidente Alberto Fernández, y serán una prueba para su gobierno duramente cuestionado por la situación económica, el manejo de la pandemia y las fiestas en la casa de gobierno cuando el país estaba en una fase de restricciones a la movilidad.