La inversión en el sector energético para el tercer año de la actual administración crece 73.1 por ciento respecto de 2020, reporta el tercer Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2021 se prevé dirigir 392 mil 726 millones de pesos a la industria petrolera y eléctrica.

La meta es equipararla al máximo registrado, en 2014, dado que luego de ese año la inversión del gobierno federal en el sector energético mermó; lo cual coincide con la puesta en marcha de la reforma energética impulsado en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

El gobierno federal reporta que en 2021 se invertirán 305 mil 79 millones de pesos en Petróleos Mexicanos, 55.4 por ciento más que un año antes. Parte de los recursos fueron dirigidos a la refinería de Dos Bocas, cuyo costo estimado inicial de inversión es de 8 mil 918 millones de dólares y hasta junio pasado se devengaron 4 mil 571 millones de dólares.

En la industria eléctrica, la inversión para este año será de 87 mil 647 millones 100 mil pesos, cifra que se traduce en un incremento de 182.8 por ciento frente a 2020 y será la más alta en los últimos 16 años, destaca el documento.

Moody’s advierte de más apagones

Roxana Muñoz, vicepresidenta adjunta y analista de Moody's, consideró que sin nuevas inversiones en México, más allá de los proyectos insignia del gobierno federal, uno de los sectores que más sufrirá la falta de coordinación entre las inversiones públicas y privadas es el eléctrico.

El riesgo es que se registren más apagones, todo va a depender de qué tanto siga creciendo la demanda y se sigue estresando el sistema eléctrico del país, explicó. Más que un monto en específico de inversión para la Comisión Federal de Electricidad, lo que se necesita es que las inversiones empiecen a llegar, subrayó durante el foro Inside LatAm: Mexico, convocado por Moody’s.

Recalcó que hasta ahora no se ve coordinación entre las inversiones públicas y el sector privado para que los proyectos ya programados arranquen. Se necesita una definición del financiamiento de los mismos proyectos y, sobre todo, dar certeza jurídica ante todos los cambios a la ley eléctrica que ha propuesto la presente administración.