Moscú. Los directores de más de 20 medios de comunicación, tanto de la capital como del interior de Rusia, pidieron ayer al presidente Vladimir Putin revisar la ley que permite catalogar como agente-extranjero a cualquier periódico, revista, emisora, canal de televisión o periodista que haya recibido dinero desde el exterior, sin importar el remitente ni la cantidad transferida, lo cual pone numerosas trabas a la prensa.

En carta abierta al presidente de Rusia –firmada por 22 directores–, los periodistas proponen las enmiendas que consideran indispensables después de que hace poco el ministerio de Justicia colgó el sambenito de agente-extranjero a Dozhd (Lluvia), el único canal de la televisión local que critica al Kremlin, que no recibe financiamiento público y se distribuye por suscripción de pago vía cable o Internet.

La medida se debió a que “difundió información de otros medios ‘agentes-extranjeros’ y recibió desde 2016 cuatro transferencias foráneas”, de fundaciones o empresas de exiliados rusos, por un total de poco más del equivalente de un millón de pesos, que Dozhd declaró en su momento y se destinaron a programas de índole educativa y cultural como un maratón de poesía.

Esa cantidad, de acuerdo con Tijon Dziadko, director de contenidos del canal, equivale a 0.15 por ciento de los ingresos de Dozhd en los cinco años recientes.

Por eso, los firmantes de la carta solicitan a Putin modificar la ley, que consideran de aplicación arbitraria y una forma de censura. Entre otras sugerencias, creen que sólo una corte puede declarar agente-extranjero a un medio y en caso de que haya incumplido las advertencias por ahora todavía no reglamentadas, así como que no merece el calificativo un medio cuyo financiamiento foráneo no rebase 30 por ciento de su presupuesto.

Ahora, dicen, queda a criterio del ministerio de Justicia, sin que la ley defina con precisión el concepto de actividad política ni que el ministerio tenga que demostrar de qué manera el dinero recibido determina la actividad política (de ese medio) en interés de un gobierno o compañía extranjeros.

Demandan que la ley establezca los criterios para salir de la lista de medios agentes-extranjeros, que no debe tener como ahora carácter permanente y revisarse cada año, así como simplificar los trámites para declarar la procedencia del dinero recibido y excluir los ingresos por publicidad y premios internacionales de prensa.

Estiman que el ministerio de Justicia debe especificar en cada caso por qué razones declara agente-extranjero a un medio y a qué intereses de un gobierno extranjero sirve. Consideran que un periodista no debe recibir el doble castigo de agente-extranjero a título personal si publica en un medio que ya tiene ese estatus ni que se haga responsable a un medio por difundir citas de otro medio con etiqueta de agente-extranjero a menos que reproduzca la totalidad de un material de aquel.

Piden que la ley no se preste a interpretaciones arbitrarias y deje de tener una aplicación selectiva. En especial, rechazan que la ley incluya formulaciones no apegadas a derecho como puede ser y otras por el estilo.

Por último, concluyen que la actual lista de agentes-extranjeros –figuran en ella 43 medios y periodistas a título personal–, por las deficiencias de la ley y falta de transparencia, debe ser anulada.