La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un llamado al gobierno mexicano para que la investigación sobre la utilización del software Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y actores políticos sea completa, efectiva e imparcial además de que derive en las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.

De igual manera, instaron a garantizar la adopción de las medidas necesarias para respetar y proteger el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos, la participación pública y las garantías a la oposición política.

Investigación integral e identificación de víctimas

Esta investigación debería incluir la identificación plena de las víctimas de espionaje o intento de espionaje, así como la posibilidad de informarles de ello, expusieron en un pronunciamiento conjunto.

La CIDH, su RELE y la ONU-DH México expresaron su preocupación ante los nuevos hallazgos sobre la utilización de Pegasus. Indicaron que la información hecha pública recientemente se suma a las denuncias que, al menos desde 2017, vienen realizando organizaciones, personas defensoras de causas sociales y periodistas, respecto al uso de esa y otras herramientas de invasión a la privacidad en México y otros países de la región.

En este sentido, expresaron que es imperativo que el Estado limite el uso de cualquier tipo de tecnología que pueda tener injerencia en las comunicaciones privadas, de acuerdo con estándares internacionales de libertades civiles.

Además, este uso debe estar delimitado en forma clara y precisa en la ley, ser excepcional y operar en función de lo estrictamente necesario.

Debe contar con autorización judicial previa y una supervisión constante de los organismos estatales pertinentes.

Señalaron que hechos de este tipo involucran la responsabilidad tanto del Estado como de las empresas, y reiteraron la convocatoria a la moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia de entornos personales hasta que se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos.