A tres meses de que entró en vigor la reforma en materia de outsourcing, 2 millones 515 mil trabajadores que estaban subcontratados han sido reconocidos por sus empresas en su nómina principal, dio a conocer Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Según datos del día de ayer (jueves), ya se había consumado el paso de trabajadores de empresas tercerizadoras a principales, de 2 millones 515 mil personas, este proceso que todavía falta menos de un mes para que culmine, indicó.

En un foro organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México, indicó que ello significa que está a punto de cumplirse con la meta de migrar a 3 millones de personas que se empleaban a través del esquema de outsourcing y con la prórroga de un mes –que vence el 1 de septiembre–, recientemente aprobada por el Congreso, ayudará a cumplir con esta disposición de la reforma en materia de subcontratación que entró en vigor el pasado 24 de abril.

Respecto al Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas, al que están obligadas las empresas a inscribirse, comentó que el sistema ha funcionado bien y no ha sufrido ninguna dificultad tecnológica.

A la fecha, detalló, de 80 mil empresas que habían iniciado el registro, entre 30 mil y 32 mil lograron concluirlo. El resto de las compañías que han sido rechazadas no están al corriente en sus obligaciones con el SAT y el IMSS. De hecho, 3.5 de cada 10 empresas que ingresan a la plataforma no logran concluir el registro debido a pendientes con el Infonavit, subrayó el funcionario.

En su participación, el procurador fiscal, Carlos Romero, advirtió a las empresas que el outsourcing ya está prohibido, es un delito y seguir usándolo tiene consecuencias más serias.

Las penas son más severas, si es un delito que es facturero, está considerado como delincuencia organizada, si quieres jugar con los esquemas de outsourcing o simular servicios especializados para engañar al fisco, puedes llegar a estar hasta 13 años y medio en prisión, advirtió.

El funcionario también confirmó que para 2022 no habrá aumentos ni nuevos impuestos, ni se va a poner IVA a alimentos y medicinas. En cambio sí se propondrán ajustes para recaudar más, evitar los esquemas de evasión y darle más dientes a la autoridad.