La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que algunos términos de la reforma a la Ley de Hidrocarburos pueden afectar a la competencia, lo que aumentará el precio de combustibles para empresas y familias.

De aprobarse, la iniciativa generaría incertidumbre jurídica a los participantes de la cadena de hidrocarburos y petrolíferos, además habilitaría espacios para una restricción artificial e injustificada de la oferta de sus productos y servicios en detrimento de los consumidores mexicanos, señaló el organismo antimonopolios.

En un estudio indicó que reconoce los esfuerzos del gobierno federal por combatir el contrabando de hidrocarburos y petrolíferos son legítimos, por lo que no se pronuncia sobre la modificación legal para revocar permisos como se plantea en la reforma.

Sin embargo, por motivos de afectaciones a la competencia, la Cofece remitió al Congreso una opinión en la que recomienda no aprobar en los términos propuestos dicha iniciativa.

Esto debido a que el marco constitucional vigente establece un régimen de competencia en la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, dentro de las actividades de producción, importación, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público.

Explicó que para que Petróleos Mexicanos (Pemex), otras empresas productivas del Estado y los particulares puedan participar en dichas actividades requieren permisos –que deben otorgarse de manera expedita y no indebidamente discriminatoria–, cuyo objetivo es el cumplimiento de requisitos razonables vinculados con la seguridad, capacidad operativa o infraestructura, entre otros.

En ningún caso, el régimen de permisos debe restringir el acceso a los interesados que cumplan con los requisitos aplicables, destacó.

La reforma planteada desincentivaría la entrada y reduciría la oferta al distorsionar el régimen de permisos, porque faculta y da amplia discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía para suspender temporalmente permisos en caso de que consideren de peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Sin embargo, destacó el organismo, estos conceptos no se definen ni se establecen criterios para su clara aplicación.