l desoír las advertencias, el líder opositor Aleksei Navalny, adversario irreconciliable del presidente Vladimir Putin, con su regreso a Rusia hizo un sacrificio inútil a partir de dos errores: suponer que no podían encarcelarlo, ya que la fiscalía durante seis años no solicitó prisión efectiva hasta dos días antes de que concluyera la condena a libertad condicional, y creer que, de ocurrir ese escenario, su preparado contragolpe –el video sobre el presunto palacio de Putin en el mar Negro– sacaría a la calle a millones de indignados y que las bien remuneradas fuerzas del orden le darían la espalda al Kremlin.

La represión sofocó la protesta, sin precedentes ambas, pero sin inclinar la balanza hacia los que se atrevieron a expresar su opinión pese a los riesgos: 10 mil detenidos en tan sólo dos manifestaciones. El Kremlin quedó con imagen abollada y Navalny con la sensación de que su valiente gesto de volver a su país no provocó la caída del régimen y de que no podrá recobrar pronto la libertad.

Una vez condenado a dos años y ocho meses de prisión, es de suponer que la siguiente instancia no va a satisfacer el recurso de apelación y, en consecuencia, Navalny será trasladado a una lejana colonia penitenciaria, como se denomina aquí una suerte de territorio cerrado para prisioneros donde los condenados son obligados a trabajar y duermen no en celdas, sino en barracones para decenas de personas. Ahí, sin acceso a Internet, estará aislado y no podrá influir en ninguna acción política.

Mientras tanto, la maquinaria del Estado seguirá fabricando causas contra Navalny. Ayer mismo comenzó el juicio por calumniar a un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que exhortó, en un anuncio de tv, a votar por la nueva Constitución, junto con una veintena de famosos y desconocidos.

Navalny, en Twitter y Telegram, los llamó lacayos vendidos y traidores. Nadie se quejó, pero no faltó quien lo demandara por ofender al anciano que no sabe qué es Internet. Dentro de una semana continuará el juicio, que puede terminar con una elevada multa o incluso hasta dos años más de cárcel. Habrá otros procesos y Navalny no sería el primero en convertirse en moneda de cambio para, tras unos años de castigo ejemplar, expulsarlo del país y obtener alguna concesión en beneficio de la élite gobernante.