Con la finalidad de garantizar la presunción de inocencia a migrantes, la Cámara de Diputados ratificó por unanimidad cambios a la Ley de Migración, para que sólo se pueda negar la internación regular o su permanencia en el país a extranjeros sujetos a proceso penal.

Con la reforma, enviada al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor, sólo se les podrá cancelar o negar la condición de residencia temporal o permanente y ser deportados si hay sentencia firme que encuentre culpable al migrante de la comisión de algún delito.

También por unanimidad de votos, el pleno aprobó una reforma a la Ley de Nacionalidad, para que en matrimonios o parejas entre personas del mismo sexo no se discrimine ni condicione dicho estatus.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera Badillo (Morena), señaló que se da seguimiento a jurisprudencias dictadas por el Poder Judicial de la Federación, para que no se haga distinción discriminatoria y condicionante a las preferencias en materia de sexualidad y desarrollo de las personas y los concubinos, o de quienes hayan celebrado unión legal en materia de derecho familiar, para que cumplidos los requisitos de ley puedan acceder, si es su deseo, a la naturalización.

El mérito del cambio legal está en reconocer que el vínculo matrimonial produce efectos entre las partes para desarrollar una identidad nacional e, igualmente, que dichos efectos de sano desarrollo e integración se constituyen entre quienes hayan optado por una unión legal en materia familiar o se encuentren en concubinato, agregó.

Con ello, expuso, se procura una mejor garantía a los derechos humanos definidos en la Constitución, tratados internacionales y criterios jurisprudenciales, tanto en lo familiar como en el derecho de nacionalidad.

Respecto de la Ley de Migración, la reforma garantiza la presunción de inocencia de los migrantes, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria, ya que son iguales ante la ley.

La norma en vigor prevé que a un extranjero, por el hecho de estar sujeto a proceso penal, se le puede negar la expedición de visa, la internación regular a territorio nacional o su permanencia, o bien cancelar su condición de residente temporal o permanente, y puede ser deportado.