Después de casi dos años, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero del presidente de la República y permite que se le juzgue no sólo por traición a la patria, sino por delitos de corrupción, electorales y todos los demás, como cualquier ciudadano.

La minuta, que pasó tres veces por ese recinto legislativo, ya que el bloque opositor la trabó, fue aprobada con 89 votos en favor y 23 en contra; se turnó a los congresos de los estados, donde debe ser avalada por 16 de las legislaturas locales.

Se acabaron la impunidad y los privilegios que por décadas permitieron a los presidentes de la República en turno cometer todo tipo de corruptelas, como hicieron Enrique Peña Neto, Felipe Calderón y Vicente Fox, advirtieron en tribuna senadores de Morena, mientras el PAN, que votó en contra, sostuvo que en realidad no se elimina el fuero del Ejecutivo federal, pero Andrés Manuel López Obrador lo presumirá mañana.

Para lograr la mayoría calificada necesaria, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aceptó que se presentara una iniciativa –firmada por todas las fuerzas políticas–, la cual se aprobó ayer mismo de forma acelerada, en la que también se quita el fuero a senadores y diputados.

La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador fue presentada por primera vez en diciembre de 2018 a la Cámara de Diputados, que la aprobó en los términos que el Ejecutivo federal la envió, para modificar los artículos 108 y 111 constitucionales.

La oposición en el Senado logró que se cambiara la minuta, para que los legisladores fueran incluidos, junto con el presidente, pero en San Lázaro se rechazó el cambio, por considerar que en lugar de quitar el fuero a los legisladores, se les daba impunidad. Para destrabar el tema, en febrero pasado, el mandatario envió una nueva iniciativa, en la que propuso otra redacción al artículo 108 de la Carta Magna, que señala:

Durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.

La Cámara de Diputados la aprobó el primero de septiembre de este año y la turno al día siguiente al Senado, pero a propuesta de la petista Nancy de la Sierra, se volvió a modificar la minuta en comisiones, para incluir de nuevo a los legisladores. Por ello, ayer fue necesario votar en contra del dictamen y aprobar luego un voto particular del morenista Alejandro Peña, para volver a los términos que remitieron los diputados.

Aun con el aval de todos los coordinadores, los panistas Damián Zepeda, Julén Rementería y Xóchitl Gálvez argumentaron en contra; sostuvieron que en realidad no se quita el fuero al presidente, ya que para ser juzgado, el Senado debe decidirlo antes de pasar el caso a las autoridades judiciales.

En respuesta, Héctor Vasconcelos (Morena) dijo que hoy se tiene la oportunidad de acabar con la inmunidad presidencial y los abusos de toda índole que conlleva. Los intereses partidistas y electorales de la oposición no deben privar por encima del interés de la nación en el largo plazo, destacó.

Mientras, su correligionario Martí Batres expuso: “lo fregón de esta reforma es que el presidente de la República pueda ser juzgado por cualquier delito, lo que nunca en la historia de México se había planteado a nivel constitucional.

¡¿Cómo no va a ser un avance?!, preguntó. Con esta modificación profunda haremos una transformación vanguardista no sólo respecto a la historia de México, sino al ámbito internacional, y pondríamos ejemplo de una nueva estructura política en la que no exista inmunidad sustantiva, sino que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, como cualquier ciudadano.

Julen Rementería (PAN) resumió por qué la negativa de su bancada A aprobar la reforma. Señaló que López Obrador, “enrollándose en la Bandera, dirá: ‘solamente yo soy el que me puedo sacrificar’”.

Por su parte, Alejandro Peña refirió que con la reforma aprobada se acaban los privilegios para el presidente de la República, y ningún gobernante estará por encima del pueblo. Aclaró que se deja en la Constitución un procedimiento para evitar acusaciones infundadas, que pongan en riesgo la estabilidad de quien gobierna.

La sesión de clausuró y se llamó a una nueva, media hora después, a fin de dar segunda lectura a otra reforma al artículo 108, para establecer que los legisladores federales podrán ser juzgados también por los mismos delitos que el Ejecutivo federal. Se aprobó con 102 votos a favor y uno en contra, de la panista Martha Márquez. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados.