n la madrugada del 23 de noviembre, aprovechando la emergencia sanitaria de Covid-19, que cayó como anillo al dedo, expresaría el Presidente, cientos de militares con uniforme de la Guardia Nacional, acompañados de policías estatales y municipales antimotines, desalojaron y desmantelaron dos plantones-campamentos que ejidatarios mantenían pacíficamente en resistencia activa al Proyecto Integral Morelos (PIM), desde 2016, en San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala, Morelos, ubicado en las márgenes del río Cuautla. Esta acción represiva del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que bien podría ser denominada Operación Chinameca, se efectuó a pesar de los 19 amparos vigentes y suspensiones de plano que protegen el agua que, por dotación presidencial, mantienen concesionada los 32 ejidos de Cuautla, Ayala y ejidos abajo desde 1926, para uso exclusivo agrícola, y, en consecuencia, no para la termoeléctrica de Huexca. Asimismo, Conagua reconoció, en documento oficial del 5 de octubre de este año, que el agua de la planta de tratamiento también forma parte de la concesión otorgada a los campesinos porque es agua de retorno, por lo que su uso para otros fines viola este derecho, vigente hasta 2035.

Los labriegos desalojados, en carta enviada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), denuncian, asimismo, las ilegalidades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Asociación de Usuarios del río Cuautla Manantiales, Afluentes y Corrientes Tributarias Gral. Eufemio Zapata Salazar AC (Asurco) “para presionar a las asambleas de ejidatarios a firmar el desistimiento de los amparos y el desalojo del plantón a través de un convenio irregular, cuando hemos sido claros con: ¡NI UNA GOTA A LA TERMOELÉCTRICA!

Las Guardianas y Guardianes del río Metlapanapa, en una denuncia en redes sociales, señalan la injusticia que el gobierno de López Obrador y la 4T ejerce contra los campesinos del plantón Zapatista de Apatlaco y contra los pueblos originarios de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Recuerdan como en 2001, el PIM se hacía llamar Transportadora de Gas Zapata, “desde entonces a la fecha han pasado 19 años y cinco sexenios con gobiernos de diferentes colores y nombre (PRI, PAN, Morena), todos subordinados al mismo patrón: el gran capital neoliberal. Con el nombre de las empresas españolas Elecnor, Anagas, Abengoa y las distintas industrias que se le han sumado en el camino: Gas Natural del Noreste, Continental, Saint Gobain, Burlington, Nissan y la minera canadiense Álamos Gold, el presente gobierno de la 4T sigue obedeciendo fielmente a sus patrones capitalistas (…) El Presidente de la República, fiel a sus ídolos juaristas y maderistas, traicionó, una vez más, a los pueblos originarios”.

Por su parte, las y los integrantes del comité de redacción de la revista En el Volcán Insurgente, expresión de la corriente crítica de trabajadores de la cultura, que ha dado un seguimiento puntual a la problemática de Morelos, manifestaron su más enérgica protesta por el desalojo de los campesinos que a lo largo de estos años han defendido agua, territorio y comunidad. Consideran que con esta acción autoritaria se pretende imponer el Proyecto Integral Morelos, al margen de la ley, de la voluntad expresa de los pueblos y del principio precautorio más elemental, y se advierte que, de manera inmediata a la agresión militar, se iniciaron, esa madrugada, los trabajos de conexión del último tramo del acueducto para trasladar ilegalmente el agua del río y de la planta tratadora de Cuautla para enfriar las turbinas de la termoeléctrica de Huexca, llamando a todos los ciudadanos a pronunciarse y exigir que se respeten la voluntad de los pueblos, frente a los megaproyectos etnocidas y ecocidas (Correo Ilustrado, 24/11/20).

Las protestas contra el ilegal desalojo se iniciaron el mismo día. Rubicela Morelos Cruz, corresponsal de La Jornada en el estado, informaba: “en rechazo a la operación, que incluyó el sobrevuelo de dos helicópteros durante tres horas, (…) unos 200 campesinos y ejidatarios bloquearon seis horas la carretera Cuautla-Ayala, (…) encabezados por Jorge Zapata, nieto del general revolucionario Emiliano Zapata (quien) pidió a López Obrador cancelar el proyecto porque, subrayó, acabará con la vida campesina por la que luchó Emiliano Zapata. Vienen más manifestaciones más fuertes. Esto no va a parar aquí, apenas va a empezar, advirtió” (24/11/20).

En representación de 17 de los ejidos y comunidades que llevan procesos legales, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) hizo un llamado urgente a todas las personas, pueblos, organizaciones nacionales e internacionales a sumarse a la protección del legado zapatista y detener la embestida neoliberal de concluir el PIM pasando por encima de los pueblos originarios.

¡Al EZLN, en su 37 aniversario!