El pasado 9 de julio, diversas organizaciones civiles se reunieron con la representación de la Unión Europea (UE) en México, a la cual advirtieron sobre la grave crisis de derechos humanos que hay en el país y le solicitaron que ambas partes fortalezcan su relación bilateral en materia de cooperación para encontrar soluciones a dicha problemática.

Jeremy Renaux, subdirector de la organización Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, señaló en entrevista con La Jornada que aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha admitido la gravedad de la situación, ha hecho pocos avances en el cumplimiento de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.

La mayor preocupación de nosotros y otras organizaciones de la sociedad civil es la permanencia de la impunidad en México, debido a la falta de investigación, sanciones a los responsables y reparación integral a las víctimas. En materia de desaparición, pedimos que se reconozca el carácter vinculante de las resoluciones internacionales, como las acciones urgentes del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, indicó.

Recordó que en meses recientes, Idheas logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera tres dictámenes sobre casos de desaparición forzada, en los cuales se señaló al Estado mexicano como responsable de dichos crímenes, y aunque el gobierno actual no los ha rechazado, en la práctica hemos tenido muchas dificultades para que se cumplan.

Sobre el papel que puede jugar la UE en estos temas, Renaux destacó que el bloque comunitario mantiene un diálogo positivo con el Estado mexicano y sí le podría señalar su preocupación ante estas situaciones. La UE ha sido aliada de defensores de derechos humanos y periodistas, y financia proyectos relacionados con estos temas.

De igual forma, destacó que en México las desapariciones continúan a un ritmo preocupante, como lo demuestra el hecho de que en 2019 hubo 7 mil 300, según datos oficiales, lo cual representa el segundo año con más episodios de este tipo, después de 2017. Esto ocurre en un contexto de militarización de la seguridad pública del cual ya habíamos advertido sus riesgos, dijo.