Madrid. En la penúltima sesión del juicio contra el ex coronel y ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Orlando Montano, por la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos trabajadoras domésticas en la Universidad Centroamericana (UCA), el 15 de noviembre de 1989, tanto la fiscalía española como la acusación particular ratificaron sus peticiones de condena, que podría oscilar entre los 150 y los 200 años de cárcel. El imputado tendrá la palabra

El histórico proceso entró en la fase final. Hoy se celebra la última sesión de la fase oral, en la que se escucharán las acusaciones y a la defensa; el único imputado tendrá derecho a ejercer la última palabra antes de que el tribunal dicte sentencia.

La fiscalía ratificó que Montano, en su calidad de ex viceministro de Seguridad Pública y uno de los miembros del alto mando del ejército durante el gobierno de Alfredo Cristiani, participó en la decisión, diseño o ejecución de la muerte del entonces rector la UCA, Ignacio Ellacuría, jesuita vasco y uno de los ideólogos de la Teología de la Liberación. También de los jesuitas Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, así como de los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la Universidad, Julia Elba y su hija, Celina Mariceth Ramos.

La fiscalía indicó que con los testimonios presentados se corroboró que la orden de asesinar a los jesuitas fue adoptada por el alto mando militar, entre ellos Montano, y que el juicio que se celebró en El Salvador en 1991 fue una simulación del propio aparato del Estado para evadir responsabilidades.

Una de las máximas expertas en la materia, la perito Terry Karl, señaló al entonces ministro de Defensa, Humberto Larios; al coronel y viceministro de Defensa, Juan Orlando Zepeda; al coronel y viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano y al grupo del batallón de Infantería Atlácatl, como los encargados de ejecutar los asesinatos, dirigidos por el coronel Alfredo Benavides.

Citado por la defensa testificó Óscar Santamaría, compañero de gabinete de Montano durante el gobierno de Cristiani, quien ha fungido como ministro de Justicia y canciller.

La acusación popular le culpó de falso testimonio, al negarse a reconocer que en 2008 realizó un viaje a España para intentar impedir que prosperara la querella contra los responsables de la matanza de la UCA, como se publicó en un cable confidencial revelado por Wikileaks.