a disputa por los dineros presupuestales entre estados y Federación hoy por el virus y la violencia parece olvidada, pero ya surgirá después. Hablándose de tema tan candente, los arrebatos se avivarán más tarde como antorcha electoral. Pero por encima del manoseo se necesita un acuerdo para su mejor distribución, aunque los tiempos no son propicios.
La inconformidad de mocharse con el rey subsiste en la historia. Nunca ha sido simpático generar riqueza, concentrar al monarca las rentas y recibir a cambio lo que siempre será insatisfactorio. Simultáneamente se acusa a su majestad de ser dispendioso e ineficaz.
Todo eso suele ser cierto, pero mañosamente se olvida que el monarca construye las murallas que defienden al reino, levanta y mantiene a los ejércitos, envía embajadores, compra espías, corrompe duques, condes y caciques. Paga a la fofa y lambiscona corte, a jueces, aceita las mañosas asambleas del pueblo, construye hospitales, puertos, caminos y puentes, mal paga a médicos y maestros. Da de comer a los pobres y así mantiene la Pax Romana que hasta ayer todos aplaudían.
Por décadas México se alineó con esa situación digna de los reyes Plantagenet. Revelar tan conveniente status hasta hoy no con-venía a los nobles cantonales. Hoy se inconforman y con mucho tienen razón, pero la esgrimen como reto, algunos como el michoacano, con penosa vulgaridad. Con los ojos puestos en el más allá.
El fiel de la repartición, Ley de Coordinación Fiscal, fue expedida con aplausos en 1978, la era dorada del petróleo. El secretario de Hacienda era David Ibarra, funcionario progresista, respetabilísimo. En ese tiempo la ley no sólo parecía justa sino hasta generosa, una muestra de la munificencia presidencial. Hoy la fórmula es inequitativa por donde se le vea.
En aquel 1978 todos sonrieronagradecidos, eran tiempos heroi-cos del Pacto Federal, de la sumisión general. A 40 años, de suscrito está visto que ningún compromiso o acuerdo respecto a dineros puede ser justo. Se puede argumentar que quizá ya ni es vigente. Muchas cosas lo superaron.
A cada reclamo el gobierno central lo ha silenciado demostrando que revela poco deseo y habilidad para recaudar los gravámenes locales. Cierto, las recaudaciones estatales y municipales son muchas veces deficientes.
Donde existen reglas recaudatorias están referidas a migajas: tenencia vehicular, nómina, hospedaje, derechos, multas y recargos. No administran impuestos sustantivos y para peor sus facultades son ejercidas apáticamente. La recaudación de ingresos municipales por los gobiernos estatales es otro carcinoma. Hay gobiernos estatales que, en apoyo
de municipios, recaudan el impuesto predial, joya de la hacienda municipal.
La enunciación formal es que los municipios tienen en su haber el ingreso formidable del impuesto predial. Lamentablemente ni 10 por ciento de ellos han desarrollado sistemas de avalúo, registro, actualización, cobro y compulsa verdaderamente eficaces. Penosamente los más siguen siendo quejumbrosos y pasivos.
Los de mediana dimensión registran retrasos significativos en sus sistemas y los menores están peor. Son habituales la desactualización del valor catastral, evasiones, condonaciones absurdas, compadrazgos y corrupciones que hace todo intento improductivo.
Como en el caso de la seguridad pública, los estados y los municipios no han recibido la orientación, asesoría, acceso a nuevas tecnologías y exigencia para ejercer las facultades convenidas en la ley.
Ha habido casos en que se han proporcionado fondos destinados a mejorar sus sistemas informáticos, básicamente de captación, cobro y control de causantes. Fueron dineros frecuentemente mal gastados por ineptitud. Corriendo en círculo nunca vamos a avanzar.
Legisladores han expresado urgencia para que se convoque a renovar los mecanismos de participación de 1978. Es una vía formalista y por ello lenta, aunque a la larga eficaz. Mientras eso sucediera, los recursos de ley y administrativos vigentes, las autoridades locales con interés y agilidad podrían mejorar con prontitud su apremiante situación.
Repartir bien los dineros sería problemático aun para Salomón: una y otra parte tienen innegable razón. Pero si esa fuera la verdad, habría que encararla por parte de los gobernadores preparando propuestas para recibir mayores recursos federales y a la vez formular compromisos para mejorar sus sistemas recaudatorios y no limitarse a lanzar bravatas que con cara al futuro electoral suponen crear en ellos figuras electorales atrayentes.
Vale recordar que Hacienda exige proyectos de gasto o inversión a toda ampliación presupuestal y que los gobernadores suelen fallar ante este lógico requisito. Vale decir a los belicosos cruzados: La mar está embravecida y cada día estará peor, envainen sus dagas. Por hoy revisen el fondo de sus alforjas y dejen de cebar al cochinito que están engordando para las campañas.
* Ex gobernador de Morelos .
