istóricamente relevante para el desarrollo de las civilizaciones. Esencial para la mayoría de los materiales elaborados por el hombre. Estratégica para el crecimiento. Vital para la fortaleza de la economía. Así suele hablarse de la minería en nuestro país, donde, según la Cámara Minera de México, representa 2.4 del producto interno bruto (PIB) nacional y 8.2 por ciento del PIB industrial. Con frecuencia omite decirse, en cambio, que esa fuente de riqueza y bondades industriales tiene como base una brutal explotación, porque un reducido número de grandes empresas mineras obtienen ganancias desproporcionadas, mientras decenas de miles de trabajadores que hacen posible la extracción de los distintos minerales laboran casi siempre en condiciones de alto riesgo y reciben salarios que apenas alcanzan para subsistir.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 40 por ciento de quienes habitan en ocho de los 10 municipios que más oro producen en nuestro país viven en la pobreza. Y en el caso de las compañías extractoras de plata, el mismo porcentaje afecta a nueve de cada 10 municipios. En Fresnillo, Zacatecas –siempre de acuerdo con el Coneval– donde se produce 20 por ciento de la plata que se extrae en México (que es el primer productor de ese metal en el mundo), 46 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza. Una situación paradójica por donde se la mire: pobres que viven asentados en un suelo de riqueza, y ricos que viven a costa del trabajo de esos pobres.
Sin embargo, el mencionado municipio platero está lejos de ser el que más pobres tiene. De hecho, ocupa un lugar privilegiado en comparación con otros donde también operan compañías extractoras: en el oaxaqueño San José del Progreso, 88.4 por ciento de los pobladores viven en pobreza; en Chínipas, Chihuahua, la proporción es de 83.9, y en Zacazonapan, Estado de México, llega a 67.6 por ciento.
En algunos de los municipios que han sido considerados tradicionalmente mineros, de acuerdo con la nota sobre el tema que La Jornada publica hoy, muchos de sus habitantes viven de elaborar distintos artículos que utilizan como materia prima los deshechos o sobrantes de la actividad minera. Y es que, según un investigador citado en la misma nota, los elevados índices de pobreza que muestran todos los municipios donde se extraen los dos metales preciosos más conocidos se producen, principalmente, por los bajos salarios que perciben los trabajadores de las minas.
En los más de 500 años que tiene la actividad minera en suelo mexicano, la enorme desigualdad que existe entre los propieta-rios de las minas y quienes desempeñan el rudo y peligroso trabajo de extraer sus riquezas ha sido una constante. Cinco siglos son un periodo de tiempo suficiente como para que, en medio de la maraña de disposiciones legales nacionales e internacionales que regulan la minería, se vayan buscando mecanismos que permitan por lo menos mejorar sensiblemente las condiciones laborales y el ingreso de los trabajadores del sector, e incorporar al de-sarrollo a los sumergidos municipios de donde salen las riquezas mineras.
