La Paz. Candidatos y partidos de oposición exigieron ayer a la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgar la ley que fija la fecha para las elecciones generales; la acusaron de esquivar responsabilidades frente a la pandemia por Covid-19 y de pretender prolongar su interinato.

Áñez envió el viernes a la presidenta del Senado, controlado por la oposición, una carta pidiéndole asumir públicamente la responsabilidad de haber decidido que las elecciones se celebren el próximo 6 de septiembre, cuando se estima que la pandemia en Bolivia esté en su punto álgido.

La Asamblea Legislativa aclara que no fijó la fecha de elecciones, la fecha fue establecida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) después de un acuerdo entre las siete fuerzas políticas, respondió la bancada del opositor Movimiento al Socialismo (MAS), del ex mandatario Evo Morales, en un comunicado difundido ayer.

El pronunciamiento acusa al gobierno de Áñez de tomar una posición política que sólo busca deslindarse de responsabilidades ante la emergencia por la pandemia de coronavirus.

La ley, que fija el 6 de septiembre como fecha de las elecciones generales, surgió tras un acuerdo político entre el MAS, que controla por amplia mayoría las cámaras de Diputados y Senadores, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato centrista Carlos Mesa y otras fuerzas menores.

Dicha norma fue remitida a Áñez por la presidenta del Senado e integrante del MAS, Eva Copa, para su respectiva promulgación.

Las autoridades sanitarias estiman que en los meses de julio y agosto se registrará el mayor número de contagios y que hasta finales de julio la pandemia infectará a unas 100 mil personas y dejará entre 4 mil y 7 mil fallecidos.

El último reporte da cuenta de 16 mil 929 contagiados con 559 decesos en el país.

La presidenta no puede ampararse en una supuesta preocupación por proteger la salud pública, señaló el partido del candidato de centro Carlos Mesa tras sostener que la verdadera intención de la presidenta es prorrogarse en el ejercicio del poder.

Por su parte, el aspirante a la presidencia por la alianza de derecha Creemos, Luis Fernando Camacho, recriminó en Twitter a la mandataria.

No mienta presidenta, ni se lave las manos. Su partido y los viejos políticos estuvieron de acuerdo en fijar fecha para las elecciones.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia llamó hoy al gobierno golpista a abstenerse de dañar los derechos de los pueblos indígenas y campesinos con medidas como la reciente eliminación del Ministerio de Cultura.

La entidad exhortó en una carta al Ejecutivo a respetar el principio de no regresividad de los derechos de esas poblaciones, en alusión a la decisión del 4 de junio de anular la función de esa cartera, al fundirla con otras tres.

El ente defensor de los derechos humanos consideró que la idea de reducir las carteras de Cultura, Comunicación y Deportes a las categorías de Viceministerios de Educación podría derivar en un retroceso para las comunidades populares.

La misiva pide, además, respetar la identidad cultural, creencias religiosas, espiritualidades, prácticas, costumbres y cosmovisión de esos grupos, y preservar la diversidad y riqueza cultural del Estado boliviano.

Nadia Cruz, la defensora del pueblo, llamó también en la carta dirigida a la presidenta de facto a promover el cumplimiento de medidas para estimular políticas y acciones con enfoque de interculturalidad.

Ello es vital para proteger las tradiciones de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, según lo establecido en la Constitución, normas nacionales y tratados y convenios internacionales, señaló Cruz.