En los Altos de Chiapas, los desplazados tzotziles del municipio de Aldama se encuentran en situación doblemente vulnerable. A los ataques de grupos armados, tolerados por el gobierno estatal, se suman los crecientes riesgos de salud durante la emergencia sanitaria, sin las garantías de atención médica adecuada.

La entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria en México pone en evidencia que los pueblos originarios son altamente vulnerables, ya que su vida se encuentra en constante riesgo”, señala el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Desde el 24 de marzo se intensificó la violencia y dicho centro ha registrado 47 ataques, que durante la última semana aumentaron y se realizaron de manera sistemática.

Según reportes de la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama, grupos armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó utilizan las trincheras de Tok’oy, Pajaltoj, Oxch’om, Slumka, Vale’tik y Tojtik, de las comunidades de Saclum y Santa Martha, para realizar disparos dirigidos hacia las casas de Xuxch’en, San Pedro Kotsilnab, Koko’, Tabak, y Chivit. El pasado lunes la citada comisión reportó nuevos ataques, que iniciaron durante la madrugada. De acuerdo con sus testimonios, hombres vestidos de negro realizaron disparos desde las trincheras.

El 27 de marzo, las comunidades de Aldama en desplazamiento forzado interpusieron una solicitud de amparo y protección de la justicia federal para la suspensión definitiva de la violencia de grupos civiles armados que actúan con la aquiescencia y tolerancia de funcionarios del Estado. Sin embargo, hasta la fecha las autoridades responsables continúan con la omisión.

La violencia en la franja limítrofe de Aldama con Chenalhó se intensificó en medio de la emergencia sanitaria. Las autoridades han sido omisas en el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada por un juez federal el 28 de marzo, por lo que se promovió un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión, consistente en que se brinde la protección y seguridad que requieren los quejosos, así como medidas que garanticen la vida, seguridad e integridad personal de la población de Aldama en situación de violencia generalizada y violaciones a los derechos humanos derivadas del conflicto armado, según reza la resolución del juzgado tercero de distrito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, para proteger a estas comunidades.

El Frayba destaca las directrices esenciales de Naciones Unidas en la atención a la pandemia para grupos vulnerables: Los estados deben aplicar medidas adicionales con el fin de abordar la repercusión desproporcionada que el Covid-19 puede tener sobre las minorías, a causa de las zonas remotas donde viven, en las que hay un acceso limitado a bienes y servicios esenciales.

Desde el inicio de las agresiones armadas, en marzo de 2018, el Frayba realizó intervenciones a 30 autoridades de dos periodos de los gobiernos federales y estatales. No obstante, la impunidad persiste en graves violaciones a las garantías de los indígenas: privación arbitraria de la vida, desplazamiento forzado y privación de la libertad al defensor comunitario Cristóbal Sántiz.

Tanto el Frayba como los indígenas urgen a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón para que cumplan con proteger a las comunidades.