El tema de la constitucionalidad del programa Mochila Segura ha sido objeto de varios amparos promovidos por padres de familia, quienes consideran que la revisión efectuada a las pertenencias de sus hijos vulnera sus derechos a la privacidad y a la propiedad. Sin embargo, según registros judiciales, en ninguno de estos casos se ha otorgado la protección definitiva de la justicia federal, aunque varios de estos juicios continúan abiertos.

Para resolver el fondo de esta controversia, en noviembre pasado la ministra Norma Lucía Piña Hernández propuso a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer uno de estos amparos y analizar la constitucionalidad del programa Mochila Segura, sentando así un primer precedente jurídico sobre su aplicación en todo el país.

Se trata de un amparo promovido desde febrero de 2019 por un grupo de padres de familia en contra de las secretarías de Educación Pública federal y de la Ciudad de México, del gobierno capitalino, su Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras autoridades escolares.

Intromisión en sus propiedades

Según los padres quejosos, este programa ocasiona a sus hijos actos de molestia e inspecciones indebidas en sus propiedades, lo que afirman se traduce en atentados a su dignidad, e intromisiones en sus posesiones, por la vía del sometimiento ante terceras personas, para la revisión de sus mochilas en el colegio en el que estudian, sin que haya un mandamiento escrito que funde y motive ese acto de molestia.

Sin embargo, en primera instancia, el juzgado decimoquinto de distrito en materia administrativa negó el amparo, al señalar que si bien existe una molestia para los alumnos, ésta obedece a un bien mayor, que es el bienestar de los alumnos: es indudable que el derecho de toda la comunidad escolar a la que acuden los menores, está por encima del derecho de éstos, pues se debe velar por el bien común, buscando salvaguardar el derecho a la vida e integridad personal de todos los estudiantes, así como del personal docente y administrativo que se encuentre en el mismo, por lo tanto, el derecho social se encuentra por encima del derecho particular.

Será la SCJN la que resuelva sobre la constitucionalidad del programa Mochila Segura.