a puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), hecha efectiva a partir del primero de enero, dejó atrás el esquema de aseguramiento público en materia de salud, denominado Seguro Popular, creado en el contexto del Programa Nacional de Salud 2001-2006, cuyo grado de eficacia fue blanco de controversias.

El nuevo organismo, al que serán transferidos los recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, ha encontrado hasta ahora un eco favorable entre la mayoría de los gobernadores de los estados; sin embargo, no ha sido unánime.

Los secretarios de Salud de ocho entidades federativas no se han adherido a éste, en algunos casos como respaldo al seguro que en su momento fue anunciado como la gran panacea por el panismo, entonces en el gobierno, y en otros porque dicen no tener claras las reglas de funcionamiento del instituto.

De hecho, en la propia capital del país algunos diputados del Congreso local demandaron que las autoridades de Salud dieran explicaciones sobre los alcances y las limitaciones del Insabi. Preguntaron, por ejemplo, hasta qué punto serán realmente gratuitos los servicios y en qué casos los pacientes deberán efectuar un pago de recuperación. Sin embargo, funcionarios de la actual administración de gobierno atribuyeron las objeciones y los peros más a una intención política que a una legítima preocupación.

Las observaciones y precisiones que el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, hizo a La Jornada resultan en especial significativas, pues clarifican aspectos que no habían sido explicados de manera adecuada sobre la nueva entidad de salud.

Acerca de la gratuidad de los servicios, el funcionario detalló que, dado que ni los 23 institutos nacionales de salud existentes en territorio nacional ni los hospitales de alta especialidad son dependientes del Insabi, los usuarios de los mismos deberán seguir pagando una cuota cuando reciban atención por determinados padecimientos complejos.

En esta categoría, no obstante, 66 intervenciones se llevan a cabo sin costo alguno para los pacientes; en tanto, unas 30 más también serán gratuitos una vez actualizados los correspondientes protocolos de atención clínica. Por otra parte, una mayor participación de las secretarías estatales de Salud en el esquema irá acompañada de la entrega de recursos físicos (equipo y personal médico y de enfermería), lo que dará a los centros de atención mayor capacidad operativa propia.

Respecto de los convenios que en algunos casos el extinto Seguro Popular había celebrado con hospitales privados, aquéllos se mantendrán, pero el pago correspondiente a cada uno de ellos se hará en especies y no en efectivo. No es éste el espacio para describir con detalle la estructura y la mecánica de operación del Insabi, pero es muy saludable que las autoridades encargadas de que el nuevo organismo alcance su objetivo de eliminar las barreras de acceso a atención médica para todas las personas tengan clara la ruta crítica del instituto, a fin de que el mismo demuestre, con resultados, que es la solución efectiva para los problemas de salud de México.