s indispensable desentrañar las rutas y los mecanismos seguidos en México para transferir la riqueza generada por los trabajadores a los dueños del capital durante los pasados 40 años. La proporción con la que repartía el ingreso nacional, alcanzada a finales de la década de los 70 fue, en números redondos, 40 por ciento al trabajo y 60 por ciento al capital. Esta situación estaba todavía lejos de considerarse equitativa o aceptable, pero fue fruto de una tendencia con miras a una sociedad más equitativa.
De pronto, dicha tendencia se detuvo de golpe y empezó un proceso inverso al anterior. El neoliberalismo había llegado, simultáneamente, al poder en dos economías influyentes: la estadunidense y la inglesa. Y, con esta ideología, durante décadas la dominante, la fuerza del capital y sus aliados ideológicos, se impusieron sobre el factor trabajo. El aparato financiero se volvió un centro mundial de especulaciones, cada vez mayores, hasta desembocar en la terrible crisis de 2008.
El reparto de la riqueza ha llegado a límites que se preveían imposibles de aceptar bajo cualquier mesura humana. La desproporción alcanzada entre uno y otro de los factores en pugna es, en verdad, una catástrofe humanitaria difícil de reconocer. Ochenta por ciento se lo apropia el capital contra un magro, injusto 20 por ciento (y aun menos) del trabajo. El famoso y aceptado índice de Gini, que mide la desigualdad alcanzada en este país, revela niveles por completo alejados de toda vida digna. México es un caso vergonzoso, insostenible a escala mundial. El campo de posibles conflictos mayores entre clases se agranda en la medida que se mantenga tan inequitativa situación.
¿Cómo se llegó a este desequilibrio, no sólo económico, sino también social y ético que implica enormes tragedias individuales? Llegado a esta crucial y dolorosa realidad hay urgencia de encontrar y revelar la ruta seguida durante estos 40 años de neoliberalismo descarnado. Aquí va un inicial esbozo. En un primer momento se inició la deliberada tarea, clasista y difusiva, de desacreditar a las organizaciones creadas para defender los intereses de los trabajadores. Los sindicatos, que una vez fueron herramientas activas, pasaron a entenderse como nocivos para la producción y la eficiencia. El liderazgo sindical se convirtió en piedra de escándalo y corrupción. La confluencia de intereses entre patrones y funcionarios públicos, en tribunales y juntas de avenencia, se volvieron, en la práctica cotidiana, terribles centros de control y manipulación. Los sindicatos, llamados blancos, proliferaron hasta hacerse figuras comunes bajo la severa égida de los patrones. La Ley del Trabajo se reformó de acuerdo con el mandato de los centros de poder, reactivos a cualquier oposición que pusiera coto a la utilidad. Detrás de las decisiones oficiales aparecía, descarnada, la llamada pistola del Estado. El salario mínimo se sujetó al menor nivel posible, mediante continuos decretos inapelables en oscuras sesiones de notables. Se trataba de vender, sin tapujo alguno, trabajo esclavo para propiciar inversiones crecientes.
La idea, se dijo y repitió, era elevar la productividad y hacerla máxima de valor y juicio imparcial. Sólo de esta peculiar manera el salario podía incrementarse. Sería, siempre, situado por debajo de la inflación y asentado, nacionalmente, por la pesada y técnica autoridad del Banco de México, celoso vigilante de la inflación.
La maquinaria se fue haciendo compleja y alcanzó una eficiencia reconocible en su perverso cometido de transferir, año con año, cientos de miles de millones de pesos de una clase (trabajo) a la otra (capital). En 40 años consecutivos enormes flujos de riqueza cambiaron de manos sin que hubiera explosiones que pudieran poner en riesgo la estabilidad nacional. Pero eso sí, al dejar fuera del mercado a varias y sucesivas generaciones de jóvenes, el crecimiento económico se estancó. La expulsión de multitudes al exterior fue vista inevitable y hasta conveniente válvula de escape para mitigar la presión social concomitante. Millones de jóvenes mexicanos se exiliaron, principalmente a Estados Unidos. La violencia criminal tuvo a su disposición un enorme ejército de reserva disponible, con el cual pudo retar y hasta sustituir las funciones gubernamentales. El amasiato del crimen con la oficialidad se tornó imposible de disfrazar. Los partidos tradicionales (PAN y PRI) perdieron funcionalidad electoral y recurrieron, para mantenerse a horcajadas en el poder, al fraude masivo. Llegaron, en el presente, al límite de la irrelevancia y la disfuncionalidad. Las instituciones legales también fueron pervertidas y funcionales para el sistema establecido hasta el punto de ser incapaces de impartir la mínima justicia. Este proceso ocurrió a la vista de todos, sin disfraces efectivos y una muy convenenciera crítica que, luego, se incorporó al proceso.
