Aun cuando las nueve universidades públicas estatales que enfrentan una crisis financiera pudieron finalmente cubrir la nómina y prestaciones de su planta laboral en el cierre del año –algunas de ellas sólo de manera parcial–, el problema estructural en su financiamiento no se ha resuelto de fondo.

Se estima que estas instituciones concluyeron 2019 con un déficit de operación de 5 mil 600 millones de pesos, pese a que durante el año se aplicó un severo programa de ahorro, ajustes en sus gastos de operación y modificaciones en las relaciones laborales con su personal académico y administrativo.

No obstante, el déficit acumulado de ellas asciende a casi 17 mil millones de pesos, considerando los pasivos históricos, de acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

Ya con la experiencia de un reciente encuentro nacional por la educación superior, donde participaron legisladores de ambas cámaras, funcionarios públicos del gobierno federal, rectores, académicos, y especialistas, se espera que en este 2020 se realice una Convención Nacional de Educación Superior para que todos los actores involucrados, incluidos los gobiernos estatales, aborden a fondo el Ley General de Educación Superior, que junto con la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, todavía está pendiente; se prevé que ésta será enviada al Legislativo en febrero próximo.

Las universidades autónomas en esta situación son la Benito Juárez de Oaxaca, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Estado de Morelos, Juárez Autónoma de Tabasco, Chiapas y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Aunque la mayoría de estas instituciones ya cumplieron con el pago de nómina y prestaciones para el cierre de 2019, incluido el aguinaldo, las universidades de Michoacán, Morelos y Nayarit no lo han hecho o sólo lo han realizado de manera parcial, quedando todavía diversos adeudos, luego de la transferencia de apoyos extraordinarios o préstamos realizados por los gobiernos federal o estatales.

En este último caso, se informó que el gobierno de Nayarit transfirió, horas antes de concluir el año, 250 millones de pesos de los 500 millones que se tenían previstos para el pago de su personal, y el resto se espera que lo hagan efectivo en los próximos días. La universidad morelense está a la espera de los 195 millones de pesos acordados con el gobierno federal.

En tanto, la Universidad Michoacana informó que hoy 2 de enero recibirá 275 millones de pesos del gobierno federal para cubrir las dos quincenas de diciembre, 25 por ciento del aguinaldo, y otras prestaciones, pero sólo para un grupo de trabajadores que accedió a firmar la propuesta para reformar su régimen de pensiones y jubilaciones; quedan fuera los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, que no aceptó la modificación de dichas reformas.