Ni las diócesis, arquidiócesis ni las congregaciones religiosas tienen una estrategia integral para que las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes puedan acceder a la justicia, señalaron especialistas.

Luis Ángel Salas, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, destacó que si bien el Vaticano ha empujado para que se transparenten los casos de pederastia clerical, se necesita avanzar en generar un trabajo conjunto con las autoridades civiles con el fin de que sean procesados penalmente.

Señaló que en el caso del informe de los Legionarios de Cristo, difundido el sábado pasado, en el que se reconoce que 33 sacerdotes abusaron sexualmente de 175 menores, a la fecha 25 de estos curas no han sido procesados por motivos como la situación legal de los países o los plazos de prescripción del delito.

Ante ello, consideró, tendrían que generar una estrategia para ponerse de acuerdo con las diferentes fiscalías para que sean juzgados por sus delitos, y en caso de prescripción, que también sea la autoridad civil la que lo establezca.

La Iglesia, insistió, tiene información privilegiada y conocimiento de actos delictivos específicos, graves que tendrían que dar parte a las autoridades.

Ignacio Cuevas, analista del Observatorio Eclesial, enfatizó que ante los casos de pederastia clerical, es necesario que la Iglesia acompañe a las víctimas para que el responsable enfrente un castigo no sólo en el ámbito eclesial.

La manera en cómo la institución ha ido respondiendo ante esta problemática ha sido muy lenta, primero era ocultarlo, protegerse y no atender a las víctimas. Cuando explotó todo, empezó a hacerse cargo pero muy tibiamente porque se les pide que quiten la política de encubrir pero dentro de la misma institución, se aplican castigos al sacerdocio para que ya no ejerzan su ministerio, los mandan de retiro, pero nunca transcendió a las denuncias penales, dijo.

Para las víctimas, añadió, este contexto ha provocado que sea más difícil denunciar los abusos porque tienen que luchar contra la institución y el Estado. Seguramente en México tenemos muchísimos casos que no conocemos porque las personas afectadas todavía no se atreven a hablarlo abiertamente.