Buenos Aires. Miles de personas que rechazaban este lunes modificaciones a una ley que dará paso al uso de sustancias tóxicas para la megaminería fueron reprimidas con gas lacrimógeno y balas de goma en la provincia de Mendoza con saldo de 19 policías heridos y 16 manifestantes detenidos, según reportes de la policía.

La marcha más grande de la historia de esa capital provincial, unos mil kilómetros al oeste de Buenos Aires, fue aplastada por el gobierno de Rodolfo Suárez, el recientemente asumido gobernador de la derechista alianza Juntos por el Cambio, del ex presidente Mauricio Macri.

La marcha partió desde distintos lugares en defensa del agua para entregar un documento al gobernador, que no asistió a su despacho, por lo que el pliego petitorio fue recibido por el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.

Pasadas las horas no hubo respuesta, por lo que la protesta se hizo más fuerte, pero sin violencia, pese a lo cual el gobierno ordenó la represión sin que importara la presencia de miles de niños, ya que marcharon familias enteras.

También en esta capital los mendocinos residentes aquí acompañados por movimientos sociales y ambientales se manifestaron frente a la Casa de Mendoza.

Hubo también bloqueos en carreteras, como en la del Mercado Común del Sur, por la zona mendocina de Uspallata.

La movilización ha sido histórica y la única consigna ha sido la defensa del agua. Hasta el viernes, Mendoza tenía una ley que la protegía del uso de cianuro y ácido sulfúrico y se ha modificado como traje a medida de las mineras, señaló el ex intendente de San Carlos Jorge Difonso, ahora diputado de Unión Popular, a pesar de estar aliado al oficialismo.

Por su parte, el ex diputado Guillermo Carmona, presidente del Partido Justicialista de Mendoza, solicitó al gobernador Suárez el veto a las modificaciones a la ley 7722 aprobadas el viernes pasado y destacó la impresionante movilización con la advertencia de que el peronismo debe estar con el pueblo.

En tanto, Página/12 citó al recientemente designado embajador en Francia, el ex senador y cineasta Fernando Pino Solanas, quien consideró que la ley mencionada protegía el agua prohibiendo el uso de sustancias tóxicas en la minería. Su modificación significa una regresión ambiental que pone en peligro el futuro de la región.

El gobierno provincial defiende los posibles recursos y los empleos que generaría la reactivación de la minería, pero los detractores señalan no sólo los daños, sino las escasas ganancias para la provincia y lo que se llevan las mineras, además de envenenar el agua limpia de la zona.

Abogados de las asambleas se presentaron a la justicia, mientras la organización Greenpeace advirtió que la modificación de la ley pedida por el gobernador permite el uso de mercurio, ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia.

Medios locales destacaron, además, que podría verse afectada la vendimia en esta provincia afamada por sus vinos.

En otro asunto y entre las buenas noticias del día, el nuevo titular de la Administración Nacional de Seguridad Social, Alejandro Vanoli, quien fue directivo del Banco Central durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunció que a partir del primero de enero se reducirá entre 11 y 12 puntos porcentuales la tasa de interés para quienes tomaron créditos con este organismo, jubilados o beneficiarios de las Asignaciones Universales por Hijos, lo que beneficiará a 5.5 millones de personas.

A la vez, ya comenzó el reparto de las tarjetas alimentarias para los casi 5 millones de pobres en nivel de indigencia, y se advierte en las calles un movimiento que no existió en la pasada Navidad, ya que hay bonos y una batería de medidas para enfrentar las prioridades a 12 días de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia.