Juan Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia en el exilio, recibió el miércoles de esta semana los documentos que lo acreditan residente permanente en México.

Debido a que el pasado 12 de noviembre ingresó al país como asilado, no hay fecha de vencimiento de los documentos entregados por el Instituto Nacional de Migración (INM), organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Autoridades del INM comentaron que Evaliz Morales Alvarado, hija de Evo, tendrá los mismos derechos, porque la ley de refugio y asilo ampara a familiares.

La cancillería de Bolivia autorizó el martes la salida de Evaliz y de la asambleísta María Inosenta Poñe Poichee, quienes buscarían asilo en la embajada de México en aquella nación sudamericana y, por tanto, al llegar aquí podrían recibir las autorizaciones necesarias para regular su residencia.

Las fuentes gubernamentales consultadas comentaron que asimismo se expidió tarjeta de visitante por razones humanitarias a los acompañantes del boliviano que venían en el mismo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana que lo trajo a suelo mexicano este mes.

En tal caso se encuentran el ex vicepresidente Álvaro García Linera, y la ex titular del ministerio de Salud, Gabriela Montaño, así como algunos de los familiares de los ex funcionarios.

Evo Morales posee la tarjeta de residente permanente, autorizada el 12 de noviembre, el mismo día que llegó a México, luego de que se vio obligado a renunciar a la Presidencia de Bolivia tras un golpe de Estado.

En la mica se consigna el nombre completo del mandatario, su fecha de nacimiento (26 de octubre de 1959); se le asigna una Clave Unica del Registro de Población (CURP), así como un número para dar seguimiento a éste y a otros trámites necesarios en su condición de residente y asilado.

La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político –expedida en 2011– señala que el asilo político es la Protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial.