De 2007 a 2017, la política pública se vio limitada en su contribución a la atención de la disparidad entre mujeres y varones debido a que deficiencias en el diseño no permitieron poner en marcha en su totalidad el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) ni el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, aseguró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados.

En las conclusiones de la Evaluación de la Política Pública de Igualdad de Género en México, el órgano fiscalizador señala que en este lapso el presupuesto ejercido para esta política pública fue de 364.1 mil millones de pesos, de los cuales 97.6 por ciento fue para la operación y el 2.4 por ciento restante para la conducción, la observancia y la protección.

Sin embargo, indica, debido a las deficiencias en el diseño y puesta en marcha no se pudo relacionar el gasto con los resultados de la política, con los cuales se determine si los recursos erogados contribuyeron al cumplimiento de sus propósitos, dado que no es un presupuesto para que las dependencias y entidades de la administración pública federal cumplan con las líneas de acción que les corresponden en el Proigualdad.

Incluso advierte que a 2017 el diseño presupuestario presenta una desvinculación en la integración de los recursos asignados a la política pública debido a que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en su carácter de conductor de dicha política, ni la SHCP ni las dependencias y entidades de la administración pública federal se han coordinado a fin de definir los criterios para determinar cuántos y cuáles programas deben incorporarse al presupuesto federal.

La ASF reporta que de los 31 indicadores de medición establecidos por Proigualdad 2013-2018, al cierre de 2017, 10 rebasaron su meta; 12 más presentan avances de entre 30 y 66.7 por ciento, y los nueve restantes tienen retrocesos.

Con el análisis del Índice Global de Brechas de Género realizado por el Foro Económico Mundial mediante cuatro dimensiones temáticas, se determinó que México avanzó en tres de ellas, que se refieren a logro educativo, salud y supervivencia y empoderamiento político, por lo que en ese lapso México pasó de la posición 93 a la 81 en el ranking global. Pero no se puede establecer la imputabilidad de dichos resultados a la política pública evaluada, la cual operó de manera inercial porque no se pudo constatar el cumplimiento del objetivo de la política en relación con el Proigualdad, concluye el informe de casi 600 páginas.