Televisa deberá cumplir con las condiciones que le impuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por ser empresa preponderante en el mercado de la televisión abierta, según el acuerdo original que este organismo aprobó desde el 6 de marzo de 2014.

Luego de más de cinco años de juicios para tratar de evadir esta medida, finalmente el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde, entre otras medidas, se ordenó a Televisa permitir a empresas más pequeñas del mismo ramo tener acceso al uso de su infraestructura mediante el pago de tarifas autorizadas por el instituto.

También se le obligó a transparentar los términos y condiciones de sus contratos de publicidad y a no monopolizar la transmisión de contenidos de alto nivel de audiencia, como los partidos de futbol.

Este acuerdo del IFT fue combatido por 10 empresas del consorcio, sin embargo, obtuvieron un fallo en contra del juzgado segundo de distrito en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

Televisa llevo el caso hasta la Suprema Corte, como el amparo en revisión 688/2018. En la sentencia aprobada por la segunda sala de la SCJN, con el voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, se reconocen como constitucionales ocho artículos de la Carta Magna que son la base de las facultades del IFT para declarar la preponderancia de una empresa y tomar medidas en contra del monopolio del mercado.

En el proyecto aprobado, presentado por el ministro Javier Laynez Potisek, se sobresee el juicio de amparo.

En la misma sesión, los ministros de la Segunda Sala si protegieron a Televisa contra un acuerdo del IFT que había ampliado las medidas originales que la televisora debería cumplir por su preponderancia, el cual incluía algunos puntos que los ministros consideraron, excedían a lo marcado en la ley.