n noviembre de 2016 entrevisté a Evo Morales a bordo del avión presidencial, después de una larga gira de trabajo en el departamento andino de Potosí. Cuando le pregunté sobre la falta de embajador estadunidense en Bolivia, rememoró lo que algunos mineros expulsados por la dictadura militar le contaron cuando llegó a la presidencia.

“Siempre tengo un recuerdo presente –me platicó–. Me fueron a ver y me dijeron: ‘presidente, cuídese de la embajada de Estados Unidos.’ ¿Sabe la razón por la que no hay golpes de Estado en Estados Unidos? Porque allí no hay embajada de Estados Unidos”. (https://bit.ly/2X0BO3E)

Casi dos años después, en agosto de 2018, en la ciudad de Cochabamba, lo interrogué sobre las posibilidades de que la ola conservadora en el continente, que habían provocado la destitución de Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Lula da Silva y la persecución judicial de Rafael Correa, llegara a Bolivia.

A un tiempo cauteloso y optimista, respondió: dudo que pueda presentarse algo así. Pero van a intentar algo. No creo que haya golpe militar, pero intentarán una convulsión nacional. No van a poder dar un golpe congresal, porque tenemos dos tercios en la Cámara de Senadores y también en la de Diputados. Aquí no puede pasar un golpe judicial. Entonces, la embajada (de Estados Unidos) busca cómo convulsionar el país. Pero han fracasado, fracasado y fracasado, porque estamos con la verdad. Es la gran ventaja que tenemos (https://bit.ly/33wlYAh).

No eran preguntas ingenuas. Bolivia tiene un largo historial de golpes de Estado. Los gobiernos militares dictatoriales surgidos de ellos son, históricamente, parte de su paisaje político. La mano de Estados Unidos y la CIA no ha sido ajena a muchos de ellos. Tan sólo el 6 de octubre de 1970, el país tuvo seis gobernantes en 24 horas. Entre 1967 y 1982 gobernaron la nación ocho mandatarios.

Sin embargo, el cálculo de Evo Morales resultó equivocado. Aunque él ganó los comicios del pasado 20 de octubre por un margen un poco mayor a 10 por ciento, sus enemigos declararon inválidos los resultados y escalaron la violencia, para justificar un golpe de Estado cívico, policial y militar. Para evitar el derramamiento de sangre, él y el vicepresidente Álvaro García Linera presentaron su renuncia.

La nueva asonada golpista es innovación de los viejos manuales contrarrevolucionarios. Durante meses, los medios de comunicación dominantes fabricaron matrices de opinión falsas para deslegitimar al mandatario y al proceso de cambio ante la opinión pública. Al terminar los comicios, la oposición rechazó los resultados que le fueron desfavorables y denunció fraude, sin presentar una sola prueba, negándose a participar en la auditoría conducida por la Organización de Estados Americanos (OEA). Los grupos cívicos (dirigidos por empresarios de ultraderecha) salieron a calentar las calles, amenazando y golpeando a ciudadanos. La policía nacional se replegó a los cuarteles y dejó que los opositores ejercieran la violencia. Grupos civiles armados y uniformados amedrentaron a dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS), ministros y cargos públicos para obligarlos a renunciar, y prendieron fuego a sus casas. Finalmente, el ejército se volteó y pidió la renuncia del mandatario.

La OEA desempeñó un papel clave en la preparación y legitimación del golpe. Envió a Bolivia como jefe de la misión al mexicano Arturo Espinosa, un furibundo enemigo de Evo Morales. El funcionario se vio obligado a renunciar ante su absoluta falta de imparcialidad. Finalmente, el organismo presentó un informe preliminar sobre los comicios, basado en una muestra de tan sólo 333 actas, de un total de 34 mil 555. Allí señala que encontró irregularidades (que van desde una tachadura hasta una firma) en 23 por ciento de esas actas. Sin embargo, no se tentó el corazón para llamar a realizar nuevas elecciones.

La mano del Imperio asoma detrás del golpe. Tanto la policía como el ejército bolivianos tienen vínculos estrechos con Estados Unidos y sus agencias. Muchos de sus actuales mandos pasaron por academias estadunidenses cuando eran sargentos o tenientes. El general Vladimir Yuri Calderón, (hasta ayer) comandante general de la policía, fue agregado policial en Washington hasta diciembre de 2018. El comandante en jefe de las fuerzas armadas, Williams Kaliman, fue agregado militar en el país de la bandera de las barras y las estrellas entre 2013 y 2016. Ello no significa que dentro del ejército no existan militares patrióticos comprometidos con el proceso de cambio.

La contrarrevolución transitó por la avenida del racismo y el clasismo. Como si fuera un moderno cruzado, la cabeza visible de la asonada golpista, el empresario ultraderechista Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico regional de Santa Cruz, cuyo partido apenas alcanzó 4 por ciento de los votos en las pasadas elecciones, ha hecho del combate a la whipala uno de los terrenos simbólicos centrales del golpe de Estado.

En Bolivia se realizó un golpe de Estado para echar atrás 13 años de transformaciones políticas y sociales profundas, y regresar a esa nación a la órbita imperial. Pero, nada está escrito aún en definitiva. En la lucha entre revolución y contrarrevolución, es el pueblo boliviano quien tiene la última palabra.

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