La titular de la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos, se comprometió a investigar con imparcialidad y sin cargas políticas todos los casos que se presenten ante la instancia a su cargo.

En casi ocho meses de trabajo, el organismo adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) ya acumula 747 casos (507 denuncias directas y 240 solicitudes de atracción de asuntos que se llevaban en otras unidades de la FGR), de los cuales ya se han abierto 630 carpetas de investigación. Esto es, que existen datos de prueba que nos dicen que hay algo que investigar. De ese total, hay 34 indagatorias por enriquecimiento ilícito.

En entrevista con La Jornada, la primera fiscal anticorrupción del país aclaró que le corresponde investigar asuntos que se puedan penalizar, como enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, entre otros. No me interesa si un servidor público declaró o no sus bienes y recursos, eso es una falta administrativa y le toca a la (Secretaría de la) Función Pública; a mí me importa indagar si los obtuvo de manera lícita o no.

Refirió que hace unas semanas dio entrada a la denuncia presentada por legisladores del PAN contra el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, por posibles actos de corrupción; sin embargo, comentó, la carpeta se envió a otra área de la FGR, ya que se han sumado acusaciones por otros presuntos delitos.

No se trata de una decisión política, sino técnica (...). Por el momento no se puede decir en qué área se encuentra ni qué otros delitos se señalan, por los procesos en los que se encuentra la indagatoria.

Mijangos fue nombrada por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, el 9 de febrero de este año, e inició operaciones el 12 de marzo.

La fiscalía especializada a su cargo es una pieza clave en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado a partir de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2015 y cuyo comité coordinador está conformado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública y del Consejo de la Judicatura Federal; así como por los presidentes del Comité de Participación Ciudadana; del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En el sexenio pasado el cargo de fiscal anticorrupción estuvo vacante y la designación se concretó tras la transición de Procuraduría General de la República a FGR, ya con el actual gobierno federal.

Entrevistada luego de su participación, la semana pasada, en la sesión del Comité Coordinador del SNA, Mijangos subrayó que en la lucha contra este delito se debe separar el poder económico del político.

En su labor, enfatizó, no habrá intocables. Es un compromiso con el México que queremos, nuestro país ya no aguanta los niveles de corrupción e impunidad. El tamaño del reto es tocar a los que siempre han estado impunes (de encontrarlos culpables), para demostrar que se pueden bajar los índices de impunidad. No sólo es hacer investigaciones, sino que una vez que las tengamos, seamos capaces de judicializarlas y obtener resultados favorables. El reto es que los corruptos (terminen) en la cárcel.

Señaló que de los 34 casos de presunto enriquecimiento ilícito que la fiscalía especializada indaga, varios son mediáticos, aunque debido a la etapa de las investigaciones no puede revelar de quiénes se trata.

Es de destacar que se ha hecho público que existen denuncias por ese delito ante la FGR contra el ex líder del Sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschamps; el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

La fiscalía especializada, dijo, trabaja en asuntos cuyas denuncias se presentaron (y se presentarán) a partir del 12 de marzo pasado –cuando inició sus trabajos–, los casos anteriores a esa fecha son atendidos por otras áreas de la FGR, en particular por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

En la charla con La Jornada, Mijangos explicó la razón por la que durante la sesión del comité coordinador (el martes de la semana pasada) se pronunció contra la propuesta de los fiscales anticorrupción de algunos estados para que se les dote de autonomía, incluso de las propias fiscalías estatales.

Las investigaciones deben ser integrales. Los delitos relacionados con la corrupción son complejos, muchas veces van aparejados de otros ilícitos. Hay otras investigaciones que deben hacerse, los ministerios públicos deben trabajar de manera coordinada e incluir todos los elementos, no se pueden separar, no podemos investigar como entes aislados los actos de corrupción, no son un islote.

Finalmente, confió en que el presupuesto para la fiscalía especializada (que es parte de los recursos de la FGR) en el ejercicio de 2020 sea del tamaño del reto. Este es el sexenio contra la corrupción, como lo ha expresado el propio presidente (Andrés Manuel López Obrador), confiamos en que los diputados lo valoren así.