Leonardo Bravo, Gro., Decenas de desplazados marcharon por la carretera Chilpancingo-Chichihualco, a la altura de la cabecera municipal de Leonardo Bravo, para recordar que hace un año abandonaron sus comunidades de ese municipio y de Zitlala por la violencia que se presenta en esa región de la Sierra Madre del Sur.

Durante la manifestación, uno de los afectados advirtió que si no nos hacen caso vamos a levantarnos en armas. No importan las consecuencias.

En el contingente participaron unos 50 niños, quienes caminaron junto a sus padres al menos cinco kilómetros. Los manifestantes demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Héctor Astudillo que cumplan sus promesas de crear las condiciones para que puedan regresar a las nueve comunidades de donde huyeron por la violencia el 11 de noviembre de 2018.

Desde las 11 de la mañana de este lunes, cientos de víctimas se reunieron en la carretera estatal Chilpancingo-Chichihualco, en las inmediaciones del crucero que lleva a la localidad Carrizal de Bravo.

Manuel Olivares Hernández, integrante del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, señaló que con la movilización demandaron al gobierno de Guerrero que facilite a las familias regresar a sus pueblos.

Recordó que habitantes de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, debieron abandonar sus casas por la inseguridad en su comunidad los días 4 y 5 de noviembre de 2018, por la presencia y amenazas del grupo delictivo Los Ardillos. Agregó que cientos de familias del municipio de Leonardo Bravo iniciaron un éxodo el 11 de noviembre del año pasado debido a la incursión de un presunto grupo comunitario que tomó la localidad de Filo de Caballos, y posteriormente se apoderó del corredor Xochipala-Tlacotepec.

Representantes de los desplazados advirtieron al gobernador y al presidente López Obrador que si no atienden nuestras demandas, de todos modos vamos a seguir demandando solución.

En tanto, Natividad López, alcaldesa perredista de Eduardo Neri, pidió en conferencia de prensa que se le investigue a ella y a su esposo, Pablo Higuera Fuentes, sobre acusaciones que les atribuyen vínculos con la delincuencia organizada.

La semana pasada se suspendieron clases en Eduardo Neri; además, cerraron negocios y mercados, debido a enfrentamientos.