A partir de hoy entra en vigor el nuevo protocolo de actuación ante el bloqueo de vialidades, que establece el uso de la fuerza pública como último recurso para liberar las zonas afectadas, cuando se considere que no hay condiciones para continuar un diálogo con los manifestantes.

Al negar que haya alguna resistencia de los uniformados hacía el nuevo marco de actuación, el Gobierno de la Ciudad de México señaló que habrá capacitación permanente para el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina que participe en esta tarea, el cual llevará como parte de su equipamiento casco y escudo, pero no portará ningún tipo de arma.

Subrayó que ya se ha dado capacitación a los uniformados, particularmente al agrupamiento de mujeres, al tiempo que reiteró que se respetarán los derechos humanos, por lo que no habrá ningún tipo de represión.

El protocolo, publicado ayer en la Gaceta Oficial capitalina, señala que la decisión de que intervenga la policía ante un bloqueo se tomará de manera conjunta entre las secretarías de Gobierno y Seguridad Ciudadana, que deberán valorar si hay un peligro real o inminente hacia la vida e integridad de las personas, así como una amenaza y afectación a instalaciones estratégicas.

Afectación al transporte

Una de las afectaciones que provoca el bloqueo de vialidades es en la circulación del transporte público.

Según un estudio de la empresa operadora de la línea 7 del Metrobús, que va de Indios Verdes a Campo Marte, en los pasados 18 meses el servicio ha tenido que ser interrumpido en 45 ocasiones por este tipo a consecuencia de plantones, marchas, cortes a la circulación e invasión del carril confinado.

Lo anterior, en un promedio de dos horas por cierre, en un tramo de al menos 10 kilómetros entre la estación Hidalgo del Metro y la terminal Campo Marte, lo que constituye un desafío para la prestación del servicio, señaló el informe de Skybus Reforma.

El documento señala que este sistema de transporte ha transformado al Paseo de la Reforma en un corredor vial sustentable, al dejar de emitir el equivalente a 27 mil 500 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera capitalina.