Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en la Procuraduría General de la República (PGR) se abusó del no ejercicio de la acción penal, ya que del total de averiguaciones previas que se abrieron por delitos federales, en 95.1 por ciento se decidió no consignarlas ante un juez.

La característica del Ministerio Público Federal (MPF) durante esa administración fue no realizar un mayor análisis e investigación que permitiera consignar al imputado, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el análisis de la actuación de la representación social y del sistema penal acusatorio.

La ASF detectó que en 2018 las delegaciones de la PGR en Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas no consignaron una sola averiguación, y en el informe que entregó la semana pasada a la Cámara de Diputados reveló que el nuevo sistema penal acusatorio tampoco ha redundado en bajar los índices de impunidad en México.

La ASF recordó que en 2014 se expidió la reforma a la Constitución que ordenó crear la Fiscalía General de la República, que entró en funciones a finales de 2018, y que la Ley Nacional de Ejecución Penal se publicó hasta 2016, cuando se completó la transición del sistema de justicia penal acusatorio.

Refirió que en los registros de la desaparecida PGR, entre 2013 y 2018 abrió 550 mil 749 averiguaciones previas, de las cuales en 234 mil 66, esto es, 42.5 por ciento, no se ejerció la acción penal, y sólo 99 mil 891, es decir, 18.2 por ciento, se consignaron ante la autoridad judicial.

Al inicio del sexenio, en 25.2 por ciento de las averiguaciones previas no se ejerció la acción penal, pero el año pasado el porcentaje alcanzó 95.1 por ciento, por lo que el rezago acumulado de averiguaciones tan sólo de 2018 fue de 14 mil 484.

Las cifras reportadas en ese año evidenciaron que si bien el MPF atendió el rezago, en cuanto a su despacho, predominó el no ejercicio de la acción penal sobre las consignaciones, lo que redundó en que nueve de cada 10 averiguaciones previas que abrió no llegaran ante una autoridad jurisdiccional, señaló la ASF.

Para las cinco delegaciones que no consignaron una sola averiguación previa, se encontró que las que fueron despachadas se enviaron a reserva, se acumularon, se declaró incompetencia o no se ejerció la acción penal.

Este fenómeno ocurrió porque, para atender el rezago en esas entidades, las delegaciones de la PGR optaron por no investigar, lo cual significó que la eficiencia de esas oficinas no se tradujo en eficacia, resaltó.

El órgano fiscalizador informó que la Visitaduría General de la entonces PGR detectó mil 556 deficiencias en 3 mil 88 expedientes de averiguaciones previas, carpetas de investigación y otros documentos, y que en 20 por ciento se encontró incorrecta e inadecuada decisión de los agentes del Ministerio Público de enviar los casos al archivo, aun cuando existían actos de investigación pendientes.

Hasta 2016, la PGR y sus delegaciones se vieron obligadas a iniciar carpetas de investigación, por lo que –aun cuando comenzó a registrarlas desde dos años antes– el número de éstas creció exponencialmente, de 236 en 2014, a 112 mil 635 en 2018, explicó.