En los ejercicios de los gastos de 2015 y 2017 se cometieron irregularidades graves y recurrentes por parte del gobierno federal y de los estados, entre otras el ejercicio discrecional del Poder Ejecutivo de 589 mil 545 millones de pesos, se concluye en los proyectos de rechazo a las cuentas públicas de esos años, que votará este martes la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

La comisión convocó para ayer a una sesión en la que se discutirían los dos documentos, pero sólo asistieron 18 de 53 diputados que la integran y la reunión se pospuso para hoy.

Dicha comisión propone, además de no aprobar las dos cuentas de esos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, que la Auditoría Superior de la Federación continúe los procedimientos jurídicos de responsabilidades y sancione las faltas administrativas que correspondan.

La comisión incorporó las conclusiones de la ASF, respecto de la recurrencia de irregularidades, discrecionalidad en la toma de decisiones; archivos públicos incompletos o inexistentes; información financiera-contable incorrecta o insuficiente, y vulnerabilidad en las finanzas públicas en la cuenta 2015.

Fallas reiteradas

Así, se identificaron cuatro áreas claves con riesgo y vulnerables a fallas, problemas o debilidades: gasto en infraestructura y obra pública; contrataciones; padrones de beneficiarios y sistemas de evaluación del desempeño. También, que prevaleció la corrupción del manejo de recursos federales por parte de gobiernos de los estados y de municipios, donde se detectó subejercicio de 33 mil 449.1 millones y observaciones con impacto económico de 31 mil 744.7 millones.

De forma reiterada, se presentaron fallas en el cumplimiento del marco regulatorio. Además, no se cumplieron los objetivos de la política de gasto y los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, indicó.

Respecto de la cuenta pública 2017, la comisión concluyó que, entre las principales irregularidades se encontraron pagos improcedentes o en exceso; falta de evidencia de la recepción de trabajos y desvío de recursos; incumplimiento de metas y objetivos, y sobrecostos de obra.

También, pago de remuneraciones indebidas o injustificadas; falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o no reintegrados a la Tesorería; transferencia inadecuada de recursos a cuentas bancarias, y recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con objetivos específicos de cada fondo o programa.