egún un documento del Fondo Monetario Internacional (FMI), alrededor de 90 por ciento de las empresas en nuestro país operan de manera informal, sobre todo en lo referido a sus políticas laborales, las cuales precarizan el empleo al no ofrecer protección completa a sus trabajadores. Por lo demás, en el texto, titulado Perspectivas económicas: Las Américas, se afirma que los costos de formalización y el esquema regulatorio están diseñados para favorecer la evasión.

Las apreciaciones referidas deben ser complementadas con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según las cuales alrededor de 57 por ciento de la planta laboral del país –más de 30 millones de personas– se encuentra en el sector informal, en el cual se genera cerca de 23 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Del conjunto de estas cifras resulta inevitable concluir que el conjunto de las mediciones económicas que se llevan a cabo en México tienen una distorsión de origen.

Por ejemplo, buena parte de los trabajos situados en la informalidad no deberían ser considerados parte del empleo sino del subempleo, a fin de acercar los números oficiales a la realidad.

Otra conclusión inevitable es que en buena parte de la economía hay un quiebre del estado de derecho en lo que respecta a las normativas laborales, fiscales, contables y mercantiles.

Por otra parte, la desmesurada extensión de la informalidad hace impensable e inoperante el necesario rediseño de los sistemas de pensiones y de seguridad social, habida cuenta de que sin un puesto formal resulta extremadamente difícil localizar a los trabajadores, diseñarles modalidades de jubilación y vincularlos a centros de salud.

Visto desde la perspectiva de la postergada reactivación de la economía, ha de señalarse que un sector informal tan abultado comoel que existe en México representa un lastre que obstaculiza el fortalecimiento del mercado interno y también, por ende, al propósito oficial de construir un estado de bienestar o, al menos, echar sus cimientos en el curso del presente sexenio.

Cierto es que la informalidad no se expandió en seis meses ni llegó a adquirir sus dimensiones actuales en menos de un año; por el contrario, es una de las consecuencias de la aplicación a rajatabla del modelo neoliberal, particularmente en sus aspectos de desregulación y supresión de derechos laborales.

Es razonable suponer, por otra parte, que la irregularidad como condición natural de miles y miles de empresas favoreció la corrupción y el cohecho en muchas oficinas públicas.