os recientes hechos en Culiacán evidencian cambios en la administración pública.

A pesar de sanciones específicas en el Código Penal Federal, no hay duda para funcionarios del Ejecutivo en aceptar que fue ordenada la liberación de Ovidio Guzmán. Sin duda, tal medida salvó muchas vidas; sin duda, debió haberse planeado su captura para evitar tan mal resultado. Poco se habla de los muertos y heridos causados con tal error. Menos se habla de quién responderá penal, civil y administrativamente por un operativo tan fallido.

La implicación más importante es que, si el caso lo amerita, se ordena incumplir con la función: se acepta y promueve que agentes del orden pongan en libertad a una persona detenida legalmente.

Contrasta tal acto con el discurso sostenido en contra de jueces y magistrados. Se les acusa de corruptos, de no tener calidad moral por conceder amparos y suspensiones; además, se les equipara con la delincuencia organizada al tildarlos del cartel de los ampareros. Se les reprocha no cumplir con su función.

Si la delincuencia organizada pudo doblegar al sistema de seguridad en una actuación tan mal planeada, es de esperarse que tenga acciones contra los jueces. Muchos han sido suspendidos en esta administración, más han sido reubicados sin existir sanción administrativa para ello. No se les permite fallar en nada a su labor jurisdiccional; el hecho de tener parientes trabajando en el mismo circuito (no en el tribunal donde labora el propio magistrado) es suficiente para ser cambiado de lugar de trabajo. Se olvida que muchos de esos jueces se enfrentan todos los días al crimen organizado. Pero se espera que no se dobleguen ni en una resolución. No se tolera, como ahora sucedió con policías y militares, que dejen de cumplir con su función. Por el contrario, se les critica si sus resoluciones no son acordes a la opinión de legisladores y otros funcionarios.

Por lo menos, debería explicarse en qué casos quienes deben velar por la seguridad de todos los mexicanos están facultados para incumplir con su deber legal. En apariencia, los jueces no tienen la posibilidad de claudicar en nada, incluso cuando el crimen organizado los amenace reiteradamente. Son muchos los juzgadores asesinados por la delincuencia, aunque se publicite poco: sólo se sabe de titulares judiciales separados del cargo para su investigación.

La duplicidad de discursos confunde.

En apariencia, se espera de esos jueces que tengan la obligación de morir en el cumplimiento de la función.