Firme, el combate a la corrupción
a tarea que desempeña la Secretaría de la Función Pública resulta cada vez más extenuante y no por lo que significa el trabajo en lo profundo, sino por el cúmulo de denuncias por corrupción, la mayor parte, que se han recibido. Sólo de diciembre del año pasado a septiembre de este año se registraron 28 mil acusaciones.
Los temas de esas denuncias se concentran en cuatro asuntos: robo de hidrocarburos, nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, conflictos de intereses que tiene que ver con los órganos reguladores del gobierno y la estafa maestra, que no podía faltar.
Para obtener la información necesaria, la dependencia ofrece protección a denunciantes en caso de muy alta gravedad, así como la absoluta confidencialidad y resultados rápidos, lo que parece ha servido para aumentar el número de denunciantes, según nos han explicado.
El proyecto ha dado resultados. La gente acude a exponer la información que considera parte de un ilícito, y esto ha llevado, por ejemplo, a que también se sancione a la empresa privada que rompa las reglas de la legalidad.
A la fecha, se nos asegura, se ha multado a empresas por mil 420 millones de pesos y se ha inhabilitado a 170 de prestar servicios al gobierno. Miles más están en las mesas de investigaciones de la secretaría, que con toda imparcialidad revisa la actuación de las dependencias del gobierno, así como la de las empresas que trabajan con las secretarías, por ejemplo, del gobierno federal.
Y eso ha dado resultados para el país. Basta con echar un ojo al Barómetro Global de la Corrupción, que advierte que la valoración positiva de la estrategia anticorrupción del gobierno, que en 2017 estaba apenas en 24 por ciento, pegó un salto este año hasta 61 por ciento.
La Secretaría de la Función Pública, ahora en manos de Irma Eréndira Sandoval, ha ido hincando el diente en problemas de gran calado, y si bien en el asunto de la estafa maestra, del que aún no se conocen todos los datos, seguirá su proceso, habrá otros como la complicidad de la iniciativa privada con agentes del gobierno, que causarán verdaderas sorpresas.
Por cierto, la secretaria de la Función Pública deberá estar muy contenta porque la Universidad Autónoma de Guerrero decidió dar el nombre de su padre, Pablo, a una de las cátedras sobre política que ahí se imparte.
De pasadita
Para Julieta González, a quien le tocó cerrar el ejercicio financiero del gobierno pasado en la ciudad, el trabajo no fue nada fácil. Trabajó entre amenazas, pero hasta donde sabemos pudo superar los problemas que se le presentaron, principalmente porque la experiencia en esas labores, de administración y financieras, las venía ejerciendo desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La información que de ella se tiene es que no cedió a presiones que, desde flancos reconocidos como parte de los equipos de Miguel Ángel Vásquez, se le hicieron.
Y es que, por ejemplo, la señora fue rodeada de funcionarios que no eran parte de su equipo, sino personal impuesto que no obedecía sus órdenes, sino más bien a las instrucciones que salían de algunos otros despachos del gobierno.
Esa historia debe conocerse y muy bien por la gente del nuevo gobierno, porque fue entre ellos con quienes trabajó muchos años. Tal vez por eso su labor tiene algún buen reconocimiento en el gobierno central. Eso, guste o no, no está en tela de juicio.
