ace años que España, en medio de una barahúnda creciente, lentamente se adentra en una caverna cada vez más oscura. El Estado español cerró una etapa con la sentencia del procés; penas de 13 a nueve años de cárcel a Oriol Junqueras y a otros líderes catalanes, por sedición y malversación, sólo para abrir otra etapa –imprevisible– de historia futura. España está hoy en un peor momento que el que vivía antes del fallo del procés.

Con una sensibilidad política queratósica, a buen resguardo en el principado de Asturias, la realeza española montaba la escena para la hermosa Leonor. Brillos, encajes y bailarinas doradas, el primer look de fiesta de la princesa, fue su apuesta para el histórico momento. “Con un diseño corola de encaje a la última con el que finalmente se distanció del armario de la infanta Sofía”, debutó como princesa de Asturias, según la reseña de ¡Hola!

Simultáneamente medio millón de catalanes protestaban en las calles de Barcelona contra el fallo del procés y sus encarcelados, en múltiples puntos de la ciudad las fuerzas del orden sometían a quienes protestaban con excesos de toda índole, y los sindicatos catalanes independentistas Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) convocaban a una jornada de huelga general.

Escenas de dos mundos concurrentes en el tiempo. La realeza corroyéndose a sí misma, al parecer inadvertidamente.

Ya se sabe: un Estado no puede permitir ser disminuido bajo ninguna forma, aunque la forma con la que reprime e intenta dar escarmientos a los independentistas, políticamente lo disminuya. Las contradicciones parecen insuperables. Entre otras, las de los independentistas y los españolistas; entre los independentistas mismos, por sus posiciones distintas respecto a la vía de la autodeterminación. Más los catalanes que no quieren marcharse de España, pero quieren una mayor y más profunda autonomía. Han surgido, además, unos sin clara identidad Comités de Defensa de la República (CDR). Nadie trabaja para superar esas contradicciones, todo lo decide una fuerza determinante: una que no quiere cambio alguno en el statu quo.

Los partidarios del inmovilismo, los poderes económicos, los poderes de facto, los grandes partidos españoles, el PSOE, el PP, y ahora, además, Ciudadanos y Vox, blanden la ley, sin ver, precisamente, que lo que está en cuestión es la ley, y no sólo se trata del estatuto autonómico de Cataluña, sino también el proceso retorcido que condujo hacia ese estatuto.

Javier Pérez Royo, catedrático emérito de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla, dice que el estatuto de Cataluña no es el estatuto de Cataluña. Es el estatuto que el Partido Popular, a través del Tribunal Constitucional, consiguió imponerle a Catalunya contra la manifestación de voluntad expresamente formulada por el Parlament de Catalunya y pactada con las Cortes Generales y contra la manifestación de voluntad del cuerpo electoral de Catalunya expresada en referéndum.

Cataluña es la única región o nacionalidad que ejerce su actual autonomía con base no en una norma aprobada por sus representantes democráticamente elegidos, pactada con los representantes de todos los ciudadanos del Estado y ratificada en referendo, sino con una norma impuesta por el Tribunal Constitucional a instancia del PP.

Es el gobierno español el que ha colocado a Cataluña en una situación cada vez peor, desde el punto de vista jurídico y político. Ahora no es posible siquiera saber qué proporción de los catalanes están en qué posición, porque ahora ¡tienen vetado llevar a cabo un referendo!

Y nada de lo que ocurre es nuevo, sino secuela de una transición democrática cuyo acto fundacional fue la designación, por el dictador Franco, de Juan Carlos de Borbón como rey de España. La Constitución española de 1978, que plasmó un (falso) acuerdo social posfranquista, dejó sin resolver los dos temas políticos principales que España ha vivido en gran parte de su historia: el problema de la monarquía versus la república, y el problema de las autonomías. Vascos y catalanes han sido las nacionalidades (así las llama la Constitución) que más impugnaciones han levantado contra el gobierno español. Pero lejos de procesar políticamente los manifiestos desacuerdos sobre los estatuos autonómicos, ya el gobierno de la derecha (PP), o el de la izquierda (PSOE), blanden el artículo 155 constitucional, que dota al Estado español de un mecanismo coactivo para obligar a las comunidades autónomas que incumplan las obligaciones que les impone la Constitución de 1978 u otras leyes.

Daniel Raventós y Gustavo Buster escribieron: El Tribunal Supremo ha demostrado ser un poder del régimen del 78, por si faltaba alguna evidencia empírica más. Un poder que ha reinterpretado la sedición con la finalidad específica de poder castigar a los presos políticos. Un poder que ha cambiado la ley sin que intervenga el Parlamento, lo que es un fracaso del estado de derecho. España cava cada vez más en su caverna.