igue batallando la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador en la búsqueda de la veta oscura que pudiera permitirle desplegar una estrategia exitosa de debilitamiento de la figura del político tabasqueño que sin duda ha recibido una dosis de desgaste en el episodio culichi de la liberación del hijo de quien fue el narcotraficante más famoso del país pero, aún así, mantiene la iniciativa y una reacción retadora ante la pretensión panista de llevarlo a tribunales por presuntos hechos delictivos que la máxima autoridad nacional habría cometido durante el pasado jueves negro.

Al estilo de lo sucedido durante el intento foxista de desafuero (sucedido en diversas fases durante 2004 y 2005, tratando de frenar la primera candidatura presidencial del tabasqueño), AMLO ha dado un paso adelante y se ha declarado dispuesto a acudir ante las autoridades que lo llegaran a citar conforme a las exigencias judiciales encabezadas por Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional.

De antemano ha revelado el sentido de su defensa: lo acusan aquellos que propiciaron el cuadro de desastre, en materia de combate al crimen organizado, ante el cual él ha tenido que tomar medidas diversas pero, según asegura, fundadas en pensamientos y sentimientos humanistas que privilegian la preservación de la vida humana por encima del cumplimiento de fases procesales como la aprehensión de un peligroso personaje solicitado por un juez, en este caso para fines de extraditarlo a Estados Unidos.

En el choque entre la técnicamente imperiosa legalidad tantas veces violentada por los opositores actuales y la valoración pragmática de necesidades políticas (no caer en la ingobernabilidad) y convicciones generales (no combatir la violencia con más violencia, ha dicho), López Obrador parece haber sorteado en lo inmediato un reto (¿o una trampa?) que de haberse resuelto por la vía del rigor institucional y del apego a la letra de la ley (imponiendo la fuerza del Ejército al costo que fuera) hoy probablemente tendría al país en una situación candente, con fuerzas adversas al obradorismo en demanda de la renuncia de un presidente de la República con las manos manchadas de sangre.

Lo sucedido en Culiacán debería llevar al presidente López Obrador y a su equipo de gobierno, en particular al gabinete de seguridad y más en específico a los secretarios de seguridad y protección ciudadana, de la defensa nacional y de marina, a revisar sus discursos, protocolos y operaciones. Es de considerarse que el país estuvo en riesgo de entrar en circunstancias sangrientas que habrían acelerado la confrontación por el poder político que hasta ahora no han podido establecer los opositores al obradorismo en términos que les fueran favorables o cuando menos manejables y susceptibles de potenciación políticamente explosiva.

En otro terreno, el del partido en el poder, Morena, se vive una circunstancia que da cuenta de los extraños momentos que se viven en un país de pronto arrojado a una serie de cambios o de intentos de cambio que en ciertos momentos parecieran tener una lógica alterada o no suficientemente clara. El prodigio electoral de un partido con cinco años de creación (Morena recibió su registro como partido político nacional en julio de 2014, con efectos constitutivos a partir del primero de agosto) no parece tener relación con el espectáculo de pasiones y maniobras menores, de marrullería y violencia, que se ha vivido en las asambleas distritales que buscan definir desde sus bases las nuevas dirigencias en sus distintos niveles, incluyendo el nacional.

Por otra parte, Rosario Robles Berlanga ha conseguido una decisión judicial que a partir de errores procesales abre la puerta a la posibilidad de que el juicio en su contra sea llevado en libertad y no en prisión preventiva. Del pequeño conjunto de personajes del pasado político reciente que han sido alcanzados por la breve intención justiciera de la llamada 4T es la dos veces secretaria en el gabinete peñista quien ha resultado más escurridiza en esta primera fase. ¡Hasta mañana!

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