La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, quien en los pasados 10 meses condujo investigaciones sobre combate a corrupción y lavado de dinero en el país, como las de Juan Collado, Rosario Robles, Emilio Lozoya, Alonso Ancira, Eduardo Medina Mora y Carlos Romero, está compuesta por 150 funcionarios.

Con sede en un edificio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ubicado al poniente de la Ciudad de México, la UIF, surgida en 2004, opera con un modelo administrativo que parte de un sistema informático producto de varias generaciones de construcción mexicana, pero con apoyo de la Iniciativa Mérida, que es el depositario de la información, revelan datos oficiales.

En lo que va del año ha recibido 26 millones de reportes con gran flujo de información. La UIF, que reporta directamente al Presidente de la República y al titular de la SHCP, tiene modelo administrativo propio.

Para formar parte de la UIF primero hay un proceso de capacitación en varias vías. Primero, de certificación. Para que los nuevos funcionarios de Inteligencia Financiera tengan la certificación que otorga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de lavado de dinero en el sistema, según información de la propia área.

La UIF está en un proceso para desarrollar un programa y generar una certificación para sujetos obligados por actividades vulnerables, como corredores, abogados y contadores, que podrían tener certificación igual, porque las diferencias de lavado en el sistema financiero en sujetos y actividades vulnerables es distinta.

Segundo, el personal de la UIF está en capacitación permanente, particularmente con la embajada de Estados Unidos, pero también se ha trabajado con Chile e Inglaterra en temas relacionados con corrupción; España, asuntos de financiamiento al terrorismo, y Estados Unidos, básicamente los de drogas, armas y lavado de dinero. Es un servicio público de carrera no formal, porque se trata de una institución de alta confianza, añaden reportes.

La UIF tiene una amplia área de análisis, la cual genera los casos y se divide en dos grandes bloques: análisis estratégico. Lo hacen matemáticos, actuarios y economistas, quienes generan modelos de riesgo. Con éstos establecen una calificación de uno a 10.

Este último número es lo más cercano para que sea tema de lavado de dinero, y uno es que no habría ningún riesgo.

Cabe señalar que el modelo no da 10, sino 9.9999, pero al final del día es una aproximación de indicadores, donde viene la jurisdicción, la edad de las personas. Es ahí donde se analiza si un joven de 20 años de edad, por ejemplo, efectúa operaciones por millones de dólares. Eso ya tiene calificación.

Una vez obtenida la información en la parte operativa de casos relevantes, se empieza a analizar para ver si efectivamente corresponde o no a asuntos de relevancia.

En ese contexto, si hay un asunto de relevancia se pasa al área legal, que se dedicaría a hacer los bloqueos de cuentas y presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República y las distintas autoridades. Evidentemente, a enfrentar la defensa en contra de los juicios de amparo.