penas el lunes recién pasado, el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo, hablaba de una muy leve inflexión en el plano de la criminalidad nacional. Nada para celebrar, advertía el político sonorense. Virtualmente al mismo tiempo, en Aguililla, Michoacán, catorce policías eran emboscados y ejecutados, en un episodio aún confuso propiciado por la impericia (o algo más) del desgobierno estatal que encabeza Silvano Aureoles. Ahí se inició una escalada violenta cuyo siguiente paso fue el supuesto enfrentamiento en Tepochica, municipio de Iguala, donde catorce presuntos miembros de un grupo criminal fueron muertos al toparse (según la versión oficial) con militares de entre los cuales uno de ellos logró ultimar a los catorce hombres armados antes de caer muerto él mismo.

El siguiente giro de la espiral de violencia sucedió ayer, durante horas tan impactantes como confusas, luego de la detención de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el jefe criminal sentenciado y encarcelado en Estados Unidos que durante décadas fue la figura más conocida del cártel de Sinaloa. Lo que se vivió en la capital de Sinaloa fue la confirmación gráfica y activa del poderío acumulado por los principales grupos delictivos del país (el de Sinaloa ha sido uno de los cárteles más poderosos, siempre atacado por los preferidos de cada sexenio anterior; durante el peñismo, el predominio sinaloense fue puesto en entredicho por el sumamente expansivo c á rtel Jalisco Nueva Generación).

No se exagera al señalar que no se había producido una reacción violenta de un grupo criminal contra el Estado mexicano como lo sucedido este jueves rojo en Culiacán (escenas de intensidad fuerte, pero menor a la sinaloense, se vivieron años atrás en la zona metropolitana de Guadalajara ante el amago de detención, o la detención y posterior liberación pacificadora, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, jefe máximo del cártel jalisciense).

Aparte de la exhibición y uso de poderoso armamento, las balaceras en distintos lugares citadinos, el virtual toque de queda y la fuga de presos en penales, la reacción del cártel sinaloense ha significado el mayor reto a la política del obradorismo en materia de combate al crimen organizado. Por sí mismo, tal reto es altamente preocupante, pues empuja a la adopción de una postura más drástica (lo sucedido en Tepochica parece haber sido el banderazo de arranque) y, con el apoyo mediático y político de los adversarios de la llamada 4T, fomenta la percepción de que la administración federal está siendo rebasada por la fuerza criminal.

No debe obviarse que la actual administración tiene suficientes flancos de litigio político e ideológico. Ayer mismo, el Presidente de la República mostraba un contento extraordinario al dar inicio a la construcción de la terminal aérea en Santa Lucía, estado de México. Objetada por la vía judicial con una cuantía identificable con el activismo político, la obra aeronáutica estaría en ruta imparable, según las consideraciones del gobierno federal, ante el enojo de los opositores. También está viva la polémica respecto a la renuncia de Carlos Romero Deschamps a la gerencia del sindicato petrolero, junto a otras dimisiones (Eduardo Medina-Mora) o detenciones o procesamientos (Juan Collado y Emilio Lozoya) que han tocado segmentos de poder antes intocables.

Es probable que a partir de esta acumulación de violencia retadora (Aguililla, Tepochica y Culiacán) se haya cumplido una primera fase de la política obradorista respecto al crimen organizado. El gobierno federal deberá revisar lo hecho y lo no hecho hasta ahora y diseñar una nueva etapa que evite que el tema de la inseguridad pública, específicamente del poderío del crimen organizado, se convierta en un elemento erosionador del conjunto de las políticas de cambio general que postula la actual administración andresina. ¡Hasta el próximo lunes!

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