Miércoles 9 de octubre de 2019, p. 33
La Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso local aprobó el proyecto de dictamen para crear la nueva ley en materia de desaparición forzada, que ordena la creación de registros de personas desaparecidas y no localizadas, personas fallecidas no identificadas y registro especializado de fosas comunes y clandestinas.
El proyecto de ley, que contiene 101 artículos y 13 transitorios, establece que el registro de personas desaparecidas contará con datos de las víctimas recabados a partir de las investigaciones y entrevistas con familiares. Si bien se contempla la creación de una versión pública de los registros, las familias podrán solicitar la confidencialidad de la información.
Por otra parte, el registro de personas fallecidas no identificadas contendrá datos forenses de cadáveres o restos de personas no identificadas y no reclamadas, la información estará protegida y solo se utilizará para reconocer la identidad de las víctimas.
Para la reparación de daño se añade la obligación al Estado de ofrecer una disculpa pública, la construcción de lugares o monumentos de memoria, la recuperación de escenarios de encuentro comunitario, medidas de no repetición, como suspensión temporal o inhabilitación definitiva de servidores públicos investigados o sancionados.
El proyecto de ley contempla la creación de la comisión de búsqueda de personas, que será un órgano administrativo desconcentrado, y que contará con grupos integrados por servidores públicos especializados en la búsqueda de personas; los mecanismos de búsqueda deberán agotarse hasta determinar la suerte o paradero de la víctima, incluso se ordena a propietarios o encargados de hospitales, clínicas, albergues, centros o instituciones de salud mental, públicos y privados, a informar en tiempo real el ingreso y egreso de personas no identificadas.
Se instituye el sistema de búsqueda local, encargado de crear el programa de búsqueda, y donde los tres niveles de gobierno coordinarán acciones en la materia. Asimismo se establece la creación de una fiscalía especializada en desaparición forzada encargada de operar los registros locales de fosas comunes y clandestinas identificados en la Ciudad de México.