El titular la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer Varela, reconoció que hay una creciente irritación social debido a las carencias en los servicios de salud, a lo que se suma una situación laboral conflictiva. Ambos fenómenos son resultado de deficiencias e irregularidades en la política sectorial de corte neoliberal aplicada desde 1983.

El funcionario compareció ayer ante las comisiones de Salud y Seguridad Social del Senado de la República. En su exposición inicial dijo que a consecuencia de los métodos poco transparentes de contratación y regularización del personal de salud se ha generado una situación caótica y conflictiva en los sistemas estatales de salud.

Otras medidas que se tomaron en el pasado también contribuyeron a las deficiencias actuales en clínicas y hospitales. Mencionó el caso del  Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que con la modificación de la ley en 1995 –en vigor el 1º de julio de 1997– se redujeron sus ingresos al sustituir la cuota patronal que era proporcional, por una fija, y a pesar de que la aportación del Estado se incrementó de 5 a 30 por ciento del total de sus ingresos.

Respecto de la reforma a la Ley General de Salud con la que se creó el Seguro Popular, reiteró que no cumplió la meta de garantizar el acceso a la salud. Al contrario, impone limitaciones con un paquete de servicios equivalente a 20 por ciento de lo que ofrecen las instituciones de seguridad social a sus derechohabientes.

Dijo que para corregir estos y otros problemas, a partir de 2020 el presupuesto se adaptará en función de las necesidades en salud, y aunque el alza que se propuso a los legisladores es muy pobre, se mantiene la meta de que cada año aumente en uno por ciento del producto interno bruto (PIB).

Nadie ha dicho que la economía está de lo mejor, pero con los ahorros que se generen por la eliminación de la corrupción, de manera progresiva aumentará la inversión en el sector, para que al final del sexenio llegue al equivalente a 6 por ciento del PIB, dijo al responder a la senadora Sylvana Beltrones (PRI). 

Puntualizó que ni la austeridad ni el combate a la corrupción implican reducir el dinero para salud. Se busca trabajar con eficiencia y garantizar la atención de todas las enfermedades de personas sin seguridad social. Tan importante es garantizar el abasto del medicamento Metotrexato para el control del cáncer en niños, como la insulina para las personas con diabetes, agregó.

Sobre los problemas que halló la actual administración, refirió que la descentralización de los servicios, concluida en 1997, se efectuó sin planeación y con gobiernos estatales carentes de la capacidad técnica para cumplir con esta responsabilidad. Además, el esquema de financiamiento creado con el Seguro Popular, abrió los espacios a la corrupción en la compra de medicinas, insumos, equipos y ejecución de obras. 

En la sesión de preguntas, respondió a Alejandra Reynoso (PAN) que en la compra de medicinas hubo algunos rezagos y está pendiente la compra de 50 claves que se obtendrán por asignaciones directas.