El proyecto de convocatoria para designar al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para los próximos cinco años, elaborado por las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado, introduce de manera inédita elementos que favorecen una evaluación amplia, integral y objetiva de los perfiles de los candidatos, señalaron diversas organizaciones de la sociedad civil.

Indicaron que ese proyecto cumple con los Principios de París, ya que la valoración de perfiles se puede realizar a partir de un conjunto de indicadores de idoneidad y probidad.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Servicios y Asesoría para la Paz, y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otras, confiaron en que la Junta de Coordinación Política del Senado garantice que la convocatoria conserve esta característica inédita, para un proceso de designación tan relevante como el de la CNDH, y se lleve a cabo mediante parlamento abierto.

El actual ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, culmina su primer periodo al frente del organismo, por ley tiene derecho a participar en el proceso para ser designado para un nuevo lustro, aunque él tendrá que anunciar si le interesa o no postularse. La decisión recaerá en el Senado.

“Entre los elementos que destacan (en el actual proyecto) está el carácter vinculante de una lista de indicadores que se usará para valorar la idoneidad y probidad de las y los candidatos, lo cual marca una mejora sustantiva respecto del proceso anterior (2014) y hace manifiesta la apuesta de llevar a cabo una designación basada en evidencia y criterios objetivos".

Las organizaciones civiles pidieron a la Junta de Coordinación Política aprobar el actual proyecto de convocatoria, que surge de un proceso de deliberación democrático al interior de las comisiones camarales; garantizar las condiciones necesarias para que el proceso de designación cumpla con los más altos estándares de parlamento abierto, transparencia, máxima publicidad, participación ciudadana y rendición de cuentas.

También mantener el carácter vinculante de los indicadores de evaluación; promover que los senadores funden y motiven sus decisiones y acepten reunirse con las organizaciones para hablar del proceso.