La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avalará hoy el cambio que hizo el Senado a la minuta de ley de austeridad, que ajusta a 10 años la prohibición para que ex funcionarios federales trabajen en empresas relacionadas con el área que desempeñaron.

Los diputados habían bajado ese límite a cinco años y en el dictamen a discusión la comisión admitió ayer que existe riesgo de que ex funcionarios divulguen información sensible.

La ley fue aprobada el 30 de abril de este año por la Cámara y se envió al Senado, que en junio comenzó a discutirla en comisiones. En ese mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó, en una concentración en Nezahualcóyotl, que los legisladores de Morena habían bajado la prohibición de 10 a cinco años.

Incluso señaló que los diputados se contagiaron de la resistencia de la oposición, que brincó por el proyecto.

Dijo entonces: Mandé la iniciativa y no me di cuenta, tengo que andar pendiente, porque le bajaron de 10 a cinco años, y ahora en el Senado quieren desaparecer el artículo, y eso que somos mayoría nosotros, los del movimiento (Morena), pero miren cómo se contagia este asunto.

Así, el primero de julio en una sesión extraordinaria, el Senado volvió a incorporar ese umbral de 10 años y devolvió la minuta a la Cámara de Diputados. La Comisión de Hacienda –que por la mañana resolverá la comparecencia del subsecretario Gabriel Yorio González–, avalará ese cambio.

El Senado también realizó otros cambios, aunque la propia comisión señala en el proyecto de dictamen que se trata de corrección de errores de forma.

De esta manera, el artículo 24, que generó polémica, quedaría como sigue: “Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior… que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada… salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años”.

La comisión consideró que la nueva redacción de dicho artículo contiene adecuaciones que fortalecen el combate a la corrupción y es de suma importancia que se tenga certeza sobre el actuar de los funcionarios públicos que intervienen en los asuntos de toma de decisión del Estado.