El presidente Andrés Manuel López Obrador no autorizó el uso de su nombre en la indumentaria que usan los servidores públicos responsables de la ejecución de los distintos programas sociales del gobierno federal y rechaza desviar recursos públicos para promover su imagen o favorecer a su partido.

Lo anterior se desprende del escrito que remitió ayer la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTC) del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual realiza una investigación en torno a la presunta utilización de los Servidores de la Nación, para realizar la promoción personalizada del mandatario y crear una estructura electoral en beneficio de Morena.

Dicha cuestión fue denunciada por el PRD, quien se quejó de que los trabajadores responsables de la puesta en marcha de los programas sociales portan en su indumentaria el nombre del Jefe del Ejecutivo y le atribuyen a él la entrega de los beneficios, lo que ayudaría al partido oficial en los próximos comicios.

El escrito suscrito por el abogado Édgar Armando Aguirre, objeta las pruebas presentadas por el PRD, ya que se trata de videograbaciones privadas que pudieron ser alteradas o modificadas, subraya.

Por lo demás, califica la denuncia perredista como frívola y sin sustento fáctico y pide al TEPJF, desecharla.

A su vez, Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo del gobierno federal, niega de manera categórica las imputaciones del quejoso y refiere que de los hechos planteados por el denunciante no se deprende que haya cometido infracción alguna en contra de la normatividad electoral. Debido a lo anterior pide desestimar las pruebas presentadas.

Expone que las violaciones que supuestamente se quieren hacer valer no guardan relación con la materia electoral, dado que no se prepara ningún proceso comicial en la actualidad.

Al dar contestación a diversos planteamientos incluidos en el capítulo de hechos de la denuncia, el funcionario señala de manera genérica: ni lo afirmo ni lo niego, no es un hecho propio.

Por su lado, Morena dice no tener culpa de situaciones que son atribuibles a funcionarios y dependencias públicas.

En tanto, la dirigencia nacional del PRD ratificó en la audiencia de alegatos realizada en la UTC, sus acusaciones e insistió en tener más de mil pruebas al respecto.