En el afán de disuadir y reducir la migración que transita por territorio nacional hacia Estados Unidos, en México se han recrudecido las políticas migratorias, denunciaron organizaciones de la sociedad civil en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante la audiencia Migración y asilo en México solicitada por organismos no gubernamentales en el contexto del 173 periodo de sesiones de la CIDH –brazo de la Organización de Estados Americanos (OEA)–, la presidenta del organismo, Esmeralda Arosemena; el relator sobre los derechos de los migrantes, Luis Ernesto Vargas, así como las comisionadas Flávia Piovesan y Margarette May Macaulay ­reiteraron la solicitud de visitar la frontera norte y sur de México para monitorear la situación de los derechos de las personas en situación de movilidad.

La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Martha Delgado, declaró que México aceptaría una visita a la frontera sur y norte por parte de este organismo; sin embargo, solicitó que primero estén presentes en los países del Triángulo Norte de Centroamérica

Es muy difícil comprender un fenómeno solamente analizando la mitad de la parte que es en México, expresó.

Durante esta audiencia, las organizaciones expusieron que en el país se privilegia seguridad nacional, intereses comerciales y militarización. Lo anterior, afirmaron, obstaculiza la identificación de necesidades protección de migrantes y solicitantes de asilo.

María Corina Muskus, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que tras la implementación de un Protocolo de Protección Migrante (MPP) y el acuerdo México-Estados Unidos, se consolidó una política de contención, detención y deportación.

Por su parte, Soraya Vázquez, defensora de derechos humanos con Families Belong Together en Tijuana, expuso que desde junio México aceptó colaborar con Estados Unidos para dosificar el ingreso de solicitantes de asilo a través de listas administradas discrecionalmente por los propios migrantes en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la sociedad civil.

La discrecionalidad en el manejo de la lista ha permitido actos de discriminación en contra de solicitantes africanos, haitianos e indígenas, así como mayor corrupción, venta de lugares y el pago de soborno a funcionarios públicos de hasta 800 dólares por adelantar su turno, dijo.

En respuesta, el subsecretario para América Latina, Maximiliano Reyes, dijo: “En México no tenemos aranceles, como tiene Estados Unidos con China, lo cual generaría pobreza y más migración. No somos tercer país seguro o lo que se le parezca, como algunas naciones centroamericanas ya lo son. No tenemos muertos por xenofobia, como sí los hay aquí en Estados Unidos. Estamos cambiando el paradigma migratorio, somos creadores del Pacto Mundial por una Migración Ordenada Segura y Regular… somos creadores del Plan de Desarrollo Integral… Nunca en este gobierno verán toletes, escudos o gases lacrimógenos contra los migrantes, como en el pasado. Pero, sobre todo, tenemos la dignidad y la soberanía intactas”.